El Acueducto Gran Tulum: la Justicia Federal apura a San Juan y define el futuro de la causa

La disputa por quién debe investigar las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo. A días de la audiencia clave, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo del juez Daniel Rafecas, volvió a reclamarle a la Justicia provincial que precise el estado y el objeto del expediente contra exfuncionarios sanjuaninos.

El pedido, enviado con carácter de pronto despacho a la jueza de Garantías Mónica Lucero, exige que el fuero local certifique cuál es el encuadre definitivo de la investigación. La movida busca destrabar la pulseada entre las defensas, que insisten en que el caso debe tramitar en Comodoro Py porque la megaobra se financió en gran parte con fondos nacionales.

La embestida de las defensas

El disparador fue la presentación del abogado del expresidente de OSSE, Sergio Ruiz, quien sostiene que la causa corresponde a la Justicia federal. Esa postura chocó con la negativa inicial del fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, quien se había opuesto a remitir documentación técnica previa. Su argumento: el secreto procesal y la falta de formalización impedían revelar detalles sin afectar garantías constitucionales.

Pero la presión desde Buenos Aires se intensificó antes de que Lucero defina los próximos pasos o resuelva si entrega la información solicitada. El nuevo requerimiento federal llega justo cuando el expediente local aún no tiene formalizados los cargos.

Audiencia decisiva y ausencias

El escenario judicial desemboca en una jornada clave: el próximo martes 10 de noviembre, en la Sala N.º 9 de Tribunales, están citados los 11 investigados. Entre ellos aparecen el exgobernador y actual senador Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, exdirectivos de la empresa estatal de agua y ejecutivos de la firma proveedora Krah América Latina.

La convocatoria original había fracasado porque la jueza Lucero rechazó que los legisladores declararan por videollamada. Esa decisión obligó a reprogramar la audiencia, que ahora promete medir la temperatura política de un caso que salpica al oficialismo provincial y al fuero federal.