El acuerdo que silenció dos demandas: Mendoza y Nación cruzaron deudas y nadie habla del detalle
Mendoza y Nación cerraron un acuerdo que incluye millonarias compensaciones y la renuncia a dos demandas judiciales. ¿Qué se esconde detrás de las cifras?
El Gobierno de Mendoza oficializó el convenio con la Casa Rosada para compensar deudas millonarias, pero el punto que más llama la atención es el precio que pagó la provincia: renunciar a dos juicios contra el Estado nacional en la Corte Suprema. ¿Qué había detrás de esos reclamos y qué ganó Mendoza a cambio?
Las cifras del acuerdo
Según el Decreto 1691, publicado este viernes en el Boletín Oficial, Mendoza reconoce una deuda con Nación de $333.434.931.506,85, correspondiente al anticipo financiero del Decreto Nacional 219/26, que incluye capital e intereses.
Del otro lado, el Gobierno nacional reconoce acreencias a favor de Mendoza por $121.282.044.592,85, entre las que se destacan ajustes del Consenso Fiscal por $38.986,9 millones, un saldo de $2.295 millones por obras de vivienda y un reconocimiento de $80.000 millones por trabajos en las rutas nacionales 40 y 143.
El alivio financiero
El acuerdo también modifica el cronograma de pagos del anticipo financiero, lo que según un informe de la Subsecretaría de Finanzas generará un beneficio estimado en $7.677 millones, medido a valores del 1 de agosto de 2026.
El costo judicial
Pero el punto más sensible es el compromiso de Mendoza de desistir de dos acciones ante la Corte Suprema: una que cuestiona el Decreto 473/23 y otra que plantea la inconstitucionalidad del Decreto 756/18, vinculado a la derogación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo).
El Gobierno provincial justificó la decisión al señalar que se trata de créditos controvertidos, con avances procesales limitados y sin plazo de resolución, mientras que la deuda con Nación es líquida y exigible. Esa diferencia de certeza fue clave para avanzar con la compensación.
El convenio fue aprobado ad referendum de la Legislatura, por lo que ahora deberá ser tratado por los legisladores. La norma lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de los ministros de Hacienda y Finanzas y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
