El acuerdo secreto que renovará por completo el Tribunal Supremo venezolano

En una serie de encuentros a puertas cerradas, el oficialismo y la oposición de Venezuela sellaron un pacto que promete transformar el máximo tribunal del país. La renovación total de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el eje de un acuerdo que incluye además la recuperación de activos en el exterior para asistir a las víctimas de los terremotos de junio.

Tras cinco sesiones realizadas en total hermetismo, delegados de la Asamblea Nacional y exlegisladores opositores alcanzaron este miércoles en Caracas dos acuerdos clave. El primero, iniciar un proceso para renovar a todos los magistrados del TSJ y modificar los mecanismos de selección de sus integrantes. El segundo, promover la recuperación de activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra.

Estos entendimientos forman parte del diálogo impulsado con el respaldo de Estados Unidos, que busca estabilizar el país y fortalecer sus instituciones democráticas.

¿Qué implica la reforma judicial?

El proceso de renovación del TSJ contempla la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, la ampliación del comité encargado de evaluar las postulaciones para la designación de magistrados y la creación de un consejo que revise las credenciales y requisitos de los aspirantes. El objetivo, según ambas delegaciones, es evitar irregularidades en la selección de los jueces.

Durante años, los sectores opositores denunciaron que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro utilizaron su mayoría legislativa para designar magistrados afines y garantizarse influencia sobre el máximo tribunal. El oficialismo rechazó esas acusaciones y sostuvo que los nombramientos se realizaron bajo el "estricto cumplimiento" de las leyes.

¿Qué se hará con los fondos en el Banco de Inglaterra?

Los representantes de ambas partes acordaron concentrar esfuerzos para lograr la "recuperación de activos de reserva internacional" depositados en el Banco de Inglaterra. La intención es destinar esos recursos a la asistencia de las víctimas de los dos fuertes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, que dejaron al menos 6.300 muertos y alrededor de 17.900 personas sin vivienda tras el colapso de 190 edificios, según la información difundida durante las conversaciones.

Las reuniones se realizaron en un hotel del este de Caracas y constituyeron el primer ciclo formal de diálogo entre representantes de la actual Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y exlegisladores opositores. El proceso comenzó casi siete semanas después de un encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien regresó temporalmente a Venezuela después de casi ocho años en el exilio.

¿Cuál es el rol de Estados Unidos en este diálogo?

Washington fue uno de los principales impulsores de las negociaciones, que tienen entre sus objetivos fortalecer las instituciones democráticas y avanzar en la restitución de derechos fundamentales. Este nuevo intento de diálogo se produce después del fracaso de otros cuatro procesos desarrollados entre 2017 y 2024, todos fuera de Venezuela.

Sin embargo, el escenario político cambió tras la destitución de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. El presidente estadounidense, Donald Trump, buscó estrechar la cooperación con el nuevo gobierno venezolano para estabilizar el país y favorecer una mayor apertura a las inversiones de Estados Unidos.

La relación entre Washington y Caracas se profundizó además después del levantamiento de sanciones contra Rodríguez, a quien Trump reconoció como jefa de Estado de Venezuela. Esa decisión facilitó el acercamiento con bancos occidentales y con empresas estadounidenses interesadas en el sector petrolero.

El Departamento de Estado celebró la apertura del diálogo y sostuvo que las conversaciones "representan una oportunidad única". También afirmó que Estados Unidos "mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por Venezuela", en el marco de un plan orientado a la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición pacífica.