El aguantadero del centro que la Policía ya no podía controlar: lo demolieron
En pleno centro de Mendoza había una casa que la Policía conocía demasiado: allanamientos, aprehensiones y causas por drogas. El informe de la UCAR fue el que encendió la alarma. Ahora ya no está.
La propiedad de calle Necochea 532/534, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, fue demolida tras ser señalada como aguantadero. El inmueble había quedado bajo intervención administrativa del Ministerio de Seguridad y Justicia en agosto, después de que varios informes concluyeran que representaba un peligro para la zona.
El expediente no nació de la nada. Antes de la medida, la dirección había sido escenario de reiterados operativos policiales en la cuadra y sus alrededores. En esos procedimientos hubo identificaciones y aprehensiones de personas con medidas judiciales pendientes, además de causas vinculadas a estupefacientes.
El informe que encendió la alarma
Un documento de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), fechado el 5 de agosto, fue clave. Allí se advirtió que la construcción abandonada se usaba con frecuencia como refugio después de cometer delitos.
Las inspecciones sumaron más motivos: estructuras con riesgo de derrumbe, sectores deteriorados, accesos sin cerramientos, basura acumulada y presencia de roedores. También se comprobó que el lugar no tenía ocupación residencial permanente y que se utilizaba de manera ocasional para pernoctar.
Con ese panorama, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, ordenó la intervención preventiva a través de la Resolución 3762, firmada el 19 de agosto. La disposición incluyó a áreas técnicas de la Municipalidad de Mendoza para evaluar qué acciones correspondían.
Más de 70 expedientes y 24 intervenciones
La demolición se inscribe en una política provincial que arrancó con procedimientos administrativos y que luego quedó respaldada por la Ley Antiaguantaderos 9727, aprobada por la Legislatura en septiembre.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que ya se iniciaron más de 70 expedientes y se concretaron 24 intervenciones. El repertorio incluye demoliciones, tapiados y otras medidas preventivas para neutralizar propiedades consideradas riesgosas para la seguridad pública.
La norma habilita a actuar sobre inmuebles usados para cometer, planificar u ocultar delitos, y también sobre construcciones abandonadas o deterioradas que puedan favorecer actividades ilícitas.
