El ahogo financiero a las provincias choca con la Constitución: la justicia social que el Gobierno ignora

Mientras los gobernadores reclaman fondos para salud, educación y seguridad, el Ejecutivo Nacional sostiene un dogma económico que asfixia al interior. La Constitución, sin embargo, ordena lo contrario.

El debate por la coparticipación federal de impuestos alcanzó su punto más crítico. Las provincias argentinas, asfixiadas financieramente, piden por los recursos que les corresponden por ley. Pero el Poder Ejecutivo Nacional se niega, aferrado a un fundamentalismo macroeconómico que ignora las necesidades reales de la gente.

El equipo económico, autoproclamado seguidor del monetarismo más rígido, tomó decisiones que encendieron alarmas en el mercado. El Banco Central se negó a comprar todos los dólares disponibles en la banda cambiaria, desoyendo incluso las recomendaciones públicas de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para fortalecer reservas. El motivo: evitar a toda costa liberar pesos a la plaza.

La estrategia de la 'emisión cero' y sus consecuencias

Con la premisa de la “emisión cero”, el Palacio de Hacienda prefiere no acumular reservas internacionales antes que inyectar moneda local que alivie el circuito comercial. Esta estrategia de laboratorio prioriza los indicadores de inflación por sobre la economía real. Al secar la plaza y restringir los fondos coparticipables, el Gobierno genera una “pinza letal” sobre el interior del país.

El resultado es devastador para el consumo y la producción regional. Pero además, choca con el ordenamiento jurídico nacional. El relato oficial sostiene que la Constitución, de matriz liberal, contradice la justicia social. Nada más lejos de la realidad: la reforma de 1994 incorporó el Artículo 75, inciso 19, la “Cláusula del Progreso”, que ordena al Congreso proveer al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social. No es una opción ideológica, es un mandato constitucional.

El Banco Central debe ser federal

Esta base jurídica exige al Banco Central una conducta distinta. Como ente rector del crédito y la moneda, el BCRA debe tener un objeto financiero federal y productivo. Su misión no puede reducirse a esterilizar moneda. Debe proveer la cantidad de dinero prudente para el desarrollo del mercado interno. Privar a las provincias del circulante indispensable para producir constituye una desatención del pacto federal.

La macroeconomía debe estar al servicio de la producción y el bienestar de los ciudadanos, no convertirse en un dogma que quiebre la organización nacional.

El Congreso: ¿cómplice del ahogo?

El avance del extremismo monetarista no se explica solo por la audacia de los tecnócratas. Requiere de silencios y complicidades institucionales. Es momento de una autocrítica profunda sobre el rol del Congreso, que debiera ser el escudo de las provincias.

Nuestra estructura bicameral fue diseñada para equilibrar la representación poblacional con la igualdad de los estados provinciales. Sin embargo, el Parlamento, dominado por legisladores del interior, ha convalidado leyes que permiten asfixiar las economías regionales.

Los legisladores del interior deben preguntarse: ¿cómo es posible que, representando a provincias postergadas, voten delegaciones de facultades o leyes de emergencia que desguazan el federalismo fiscal? ¿Por qué toleran la parálisis de los fondos coparticipables o la inacción del Banco Central? La disciplina partidaria, las negociaciones por obras públicas y el temor al costo político han desdibujado el carácter federal de la representación.

Votar leyes que facilitan el ahogo financiero de las provincias es vaciar de contenido la base electoral que los ungió. La “Cláusula del Progreso” no es una declaración poética, es una guía de votación obligatoria. El Congreso debe dejar de ser una escribanía que convalida experimentos de la Capital Federal y volver a ser el garante del equilibrio y la subsistencia de las provincias.