El ajuste de Milei enciende las provincias: menos fondos, más conflictos

El ajuste del gobierno nacional está generando un polvorín en las provincias argentinas. La caída de los fondos que envía la Casa Rosada y la merma en la recaudación local dispararon paros, movilizaciones y recortes de servicios en varios distritos. Docentes, policías, enfermeros y hasta presos reclaman por salarios y condiciones dignas, mientras los gobernadores intentan contener la crisis con escaso margen de acción.

La transferencia del déficit

El malestar social se explica, en gran parte, por la política económica del trío que integran Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Ellos defienden el superávit fiscal, pero la contracara es que el rojo se trasladó a las provincias y a las familias. El diputado radical y ex ministro de Economía, Martín Lousteau, lo resume así: "Milei habla de superávit, pero te pasó el déficit a vos".

La expresión más clara de esa transferencia está en las rutas. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto para rutas nacionales es el más bajo en treinta años, con recortes de hasta 85% en algunas provincias. El 60% de los tramos está en mal o regular estado. Buenos Aires y Chubut sufrieron una caída del 85% entre 2023 y 2025; le siguen Chaco (-83%), Formosa (-77%), Santa Fe (-73%) y Córdoba (-72%).

En ese marco, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, denunció a Milei por el uso irregular de fondos viales. La provincia es querellante en la causa que investiga el supuesto desvío de más de un billón de pesos del Sistema Vial Integrado (SisVial).

Protestas que se multiplican

En Córdoba, el conflicto docente es el más visible, con paros y movilizaciones por la Ley de Financiamiento Universitario. Pero también hay asambleas por el transporte urbano y reclamos de trabajadores de la salud y judiciales.

Santa Fe es otro hervidero: unos seis mil trabajadores autoconvocados de hospitales públicos, centros de salud y clínicas privadas marcharán esta semana en la capital provincial y en Reconquista para pedir un salario básico de dos millones de pesos. Además, Rosario y Santa Fe son el epicentro de los reclamos de las fuerzas de seguridad, que se manifiestan a través de familiares o personal retirado para evitar represalias.

En Chubut, un juez ordenó al gobernador Ignacio Torres comprar carne roja para los detenidos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew, tras una protesta pacífica por la calidad de la comida, especialmente para quienes están en tratamiento médico. La respuesta de Torres fue contundente: "No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura".

En Tierra del Fuego, los docentes cumplen la cuarta semana de paro por tiempo indeterminado, con acampe y olla popular en Ushuaia. Reclaman la restitución de 17 programas de financiamiento eliminados por el Gobierno Nacional, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el financiamiento de escuelas técnicas y el Conectar Igualdad.

Mientras tanto, en La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, las clínicas y sanatorios que prestan servicios al PAMI suspendieron la atención a los afiliados. Denuncian un "atraso crítico" en los aranceles, demoras en los pagos y aumento de insumos médicos.

Números que preocupan

Según el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA), desde que Milei asumió, los recursos reales de las provincias cayeron un 19,6% a mayo de 2026, en comparación con noviembre de 2023. El informe explica que la caída del consumo afectó la Coparticipación y los impuestos provinciales. Para paliar la situación, el gobierno nacional ofrece adelantos de coparticipación, pero eso implica menos ingresos futuros y consolida la recesión. La advertencia del CEPA es clara: "La necesidad de recursos debilita el poder de negociación de las provincias; el gobierno nacional solo ofrecerá mantener el esquema de adelantos".