El ajuste de Poggi tiene una trampa: despidió a su ministro de Hacienda pero lo mantuvo con un contrato millonario
El gobernador recortó su gabinete pero mantuvo a su exministro de Hacienda con un contrato secreto que violaría la ley de emergencia. ¿Qué se esconde detrás de la 'austeridad'?
El gobernador Claudio Poggi vendió la reducción de su gabinete como un gesto de austeridad, pero la letra chica del ajuste esconde una contradicción que explota en la Legislatura. Néstor Alberto Ordóñez dejó de ser ministro de Hacienda, pero sigue cobrando del Estado con un contrato de prestación de servicios que lo mantiene en el corazón del poder.
El Decreto 7932-SGG-2026, firmado el 8 de julio y publicado en el Boletín Oficial 16.129 del 7 de agosto, homologó un contrato entre la Secretaría General de la Gobernación y el exministro para que cumpla tareas de "coordinación interministerial" bajo dependencia directa de Gobernación. Ni el monto exacto ni el plazo de vigencia fueron revelados en el Boletín, aunque el propio decreto admite que hay una remuneración mensual y posibilidad de prórroga.
¿Qué dice el contrato que se mantuvo en secreto?
La diputada provincial Sosa Araujo, del bloque Justicialista, denunció que las cláusulas segunda y tercera del contrato, que especifican el lugar de trabajo y el sueldo, nunca llegaron a publicarse. Según la legisladora, la función asignada es tan amplia como sospechosa: coordinar ministerios directamente desde Gobernación, una tarea que en los hechos equivale a una jefatura de Gabinete.
"Siempre los contratos de prestación son por tres meses y el Poder Ejecutivo los va renovando", explicó Sosa Araujo, lo que deja la continuidad de Ordóñez sujeta a la voluntad del gobernador, sin control legislativo.
La denuncia por nulidad absoluta
La diputada llevó el caso al recinto este miércoles a través del artículo 77 del reglamento, pero el bloque oficialista no respondió. En su exposición, cuestionó que el Ejecutivo haya encuadrado el contrato en el artículo 18 del Decreto 150-SGG-2023, prorrogado por la Ley V-1164-2025, que mantiene la prohibición de incorporar personal durante la emergencia y solo habilita excepciones para salud, educación, seguridad y justicia. "Estamos claramente ante varios decretos y especialmente este, que es nulo, de nulidad absoluta", afirmó.
La reforma de ministerios, aprobada semanas antes como la Ley V-1195-2026, fue presentada por Poggi como una herramienta para achicar el Estado. Sin embargo, la tarea de Ordóñez se superpone con funciones que esa misma ley ya le asigna a la Secretaría General de la Gobernación, lo que deja al descubierto una contradicción política: se recorta el organigrama por un lado, pero se contrata por fuera por el otro.