El ajuste en la obra pública golpea fuerte y Tucumán, entre las provincias que más fondos recibió

La obra pública sigue siendo una de las principales víctimas del ajuste de Javier Milei. Según un informe de la consultora LCG, el gasto de capital cayó un 10% real en los primeros siete meses del año, y Tucumán quedó entre las cuatro jurisdicciones que concentraron el 70% de las transferencias de fondos.

El trabajo de LCG detalla que el gasto de capital pasó de representar el 7,5% del gasto primario entre 2021 y 2023, a apenas el 2,5% en los últimos dos años. En términos del PBI, la cifra se redujo al 0,4%.

La tendencia se profundizó en 2026: entre enero y julio, el gasto de capital acumuló una caída real del 10%. De los 1241 proyectos activos, solo el 35% registró pagos en ese período, y el monto devengado alcanzó los $0,7 billones, apenas el 26% del crédito vigente. El área de Transporte concentra la mayor parte de los recursos.

La distribución de los fondos

El informe distingue dos formas de financiamiento: las transferencias de capital a las provincias y los proyectos ejecutados directamente por Nación. En cuanto a las transferencias, el Gobierno giró $0,5 billones entre enero y julio, un 52% menos en términos reales que en el mismo período de 2025.

Sin embargo, la distribución fue desigual: Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de los recursos transferidos. Se trata de jurisdicciones con gobernadores dialoguistas. En el extremo opuesto, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos por esta vía.

En términos per cápita, la disparidad es aún mayor: Catamarca recibió montos que superan en más de 23 veces al promedio provincial, según el reporte.

En el caso de Tucumán, los fondos se destinaron a obras de transporte de energía eléctrica y a la repavimentación de la ruta nacional N°7, por unos $11.682 millones. Catamarca y Salta recibieron recursos para infraestructura de agua potable y alcantarillado, mientras que San Luis los usó para proyectos de vivienda.

Transporte, el principal destino

La obra pública ejecutada por Nación también cayó: desde enero, la inversión acumula un recorte del 38% en términos reales. Dentro del gasto, Transporte concentró el 43% de la ejecución total, dos puntos por debajo del año pasado a la misma altura.

El programa con mayor nivel de inversión fue Mantenimiento y Atención de Emergencias en Rutas Varias, que devengó $24.100 millones y alcanzó una ejecución del 42%, aunque registró una caída del 28% real interanual.

En el desglose por provincias, Buenos Aires recibió $29.693 millones (el 19% de los fondos destinados a Transporte), asignados a la construcción de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón ($9300 millones) y a las etapas III y IV del programa MAS ($10.300 millones). Le siguieron Misiones, Santiago del Estero y Entre Ríos.

Traspaso de rutas y concesiones

El fuerte recorte de los recursos nacionales obligó a buscar alternativas. El Gobierno profundiza su estrategia de ceder el manejo de las rutas nacionales a las provincias con gobernadores dialoguistas, para reactivar la infraestructura vial mediante concesiones privadas.

Ya se firmó el traspaso con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro. Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian, mientras que Tucumán lo rechazó.

El primer acuerdo fue firmado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro el 22 de julio. El convenio contempla la gestión de la ruta nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años.

La firma de estos convenios representa el primer paso concreto del esquema que el Gobierno habilitó en abril con el decreto 253. Esa norma autorizó a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales dentro de sus jurisdicciones.

La delegación de facultades no implica el traspaso de la titularidad de las rutas. El Estado mantiene el dominio público y la jurisdicción federal sobre los corredores, mientras que las provincias podrán asumir funciones de administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, siempre que firmen convenios con la Dirección Nacional de Vialidad y obtengan la aprobación de la Secretaría de Transporte.

“El segundo mecanismo es la concesión de infraestructura vial al sector privado, a través de la nueva Red Federal de Concesiones, mediante la cual la Nación busca transferir al sector privado la operación, mantenimiento y realización de inversiones en más de 9000 kilómetros de rutas (de un total de 40.000 kilómetros en manos nacionales), bajo esquemas de concesión por peaje”, indicó LCG.

De esta manera, Milei busca reemplazar el modelo de obra pública financiada directamente por Nación por otro basado en concesiones, participación privada y una mayor intervención de las provincias.