El ajuste en obra pública: cuatro provincias se quedaron con el 70% de los fondos

El Gobierno profundizó el ajuste en la obra pública y los fondos que giró a las provincias se concentraron en solo cuatro distritos. Según un informe de la consultora LCG, Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis absorbieron el 70% de las transferencias de capital entre enero y julio, mientras que otras seis provincias no recibieron nada por esa vía.

El gasto de capital pasó de representar el 7,5% del gasto primario entre 2021 y 2023 al 2,5% en los últimos dos años, y en términos del PBI se redujo al 0,4%. La tendencia se profundizó en 2026: entre enero y julio, el gasto de capital acumuló una caída real del 10%, y de los 1.241 proyectos activos, solo el 35% registró pagos. El monto devengado alcanzó los $0,7 billones, apenas el 26% del crédito vigente, con Transporte como principal destino.

Distribución desigual de los fondos

El informe distingue dos vías de financiamiento: las transferencias de capital y los proyectos ejecutados directamente por Nación. En el primer caso, el Gobierno giró $0,5 billones entre enero y julio, un 52% menos en términos reales que en el mismo período de 2025. Pero la distribución fue marcadamente desigual: las cuatro provincias mencionadas, todas con gobernadores dialoguistas, concentraron el 70% de los recursos.

En el extremo opuesto, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones no recibieron fondos por esta vía en lo que va del año. La disparidad se agrava en términos per cápita: Catamarca recibió montos que superan en más de 23 veces al promedio provincial, según el reporte.

En cuanto a los destinos, Tucumán recibió fondos para obras de transporte de energía eléctrica y para la repavimentación de la ruta nacional N°7 por unos $11.682 millones. Catamarca y Salta, para infraestructura de agua potable y alcantarillado, y San Luis, para proyectos de vivienda.

Transporte, el principal destino de la inversión nacional

La obra pública ejecutada por Nación también cayó: desde enero, la inversión acumula un recorte del 38% en términos reales. Dentro del gasto, Transporte concentró el 43% de la ejecución total, dos puntos por debajo del año pasado a la misma altura. El programa con mayor inversión fue Mantenimiento y Atención de Emergencias en Rutas Varias, que devengó $24.100 millones y alcanzó una ejecución del 42%, aunque registró una caída del 28% real interanual.

En el desglose por provincias, Buenos Aires recibió $29.693 millones, el 19% de los fondos destinados a Transporte, asignados a la construcción de la Autopista Presidente Juan Domingo Perón ($9.300 millones) y a las etapas III y IV del programa MAS ($10.300 millones). Le siguieron Misiones, Santiago del Estero y Entre Ríos.

Traspaso de rutas y concesiones: la nueva estrategia

Ante el fuerte recorte, el Gobierno profundiza su estrategia de ceder el manejo de las rutas nacionales a provincias con gobernadores dialoguistas, para reactivar la infraestructura vial mediante concesiones privadas. Ya se firmó el traspaso con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro, mientras que Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian, y Tucumán lo rechazó.

El primer acuerdo fue firmado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro el 22 de julio. El convenio contempla la gestión de la ruta nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años. La firma de estos convenios representa el primer paso del esquema habilitado en abril por el decreto 253, que autorizó a nueve provincias a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales en sus jurisdicciones.

La delegación de facultades, sin embargo, no implica el traspaso de la titularidad de las rutas: el Estado mantiene el dominio público y la jurisdicción federal, mientras que las provincias podrán asumir funciones de administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, previa firma de convenios con la Dirección Nacional de Vialidad y aprobación de la Secretaría de Transporte.

“El segundo mecanismo es la concesión de infraestructura vial al sector privado, a través de la nueva Red Federal de Concesiones, mediante la cual la Nación busca transferir al sector privado la operación, mantenimiento y realización de inversiones en más de 9.000 kilómetros de rutas (de un total de 40.000 kilómetros en manos nacionales), bajo esquemas de concesión por peaje”, indicó LCG.

De esta manera, Milei busca reemplazar el modelo de obra pública financiada directamente por Nación por otro basado en concesiones, participación privada y una mayor intervención de las provincias.