El alerta de una jueza de Catamarca contra la injerencia política en la Justicia

La presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catamarca, María Fernanda Rosales Andreotti, salió a cuestionar el uso “liviano” de los pedidos de intervención federal contra poderes provinciales. Su reclamo, realizado en un streaming de El Ancasti, encendió una nueva polémica sobre los límites entre la política y el Poder Judicial.

Con más de dos décadas de experiencia en el fuero penal, el columnista Rodrigo Morabito respalda esa postura y va más allá: sostiene que ciertos discursos, aunque se presenten como defensa institucional, terminan erosionando el Estado de Derecho.

¿Por qué preocupa la intervención federal?

Para Rosales Andreotti, este tipo de planteos solo corresponde cuando existen causales de extrema gravedad institucional debidamente acreditadas. La magistrada marcó una línea clara: no se puede recurrir a esa herramienta de manera ligera.

Morabito coincide y advierte que sugerir que la Justicia necesita ser “empujada” o conducida desde el poder político no defiende a la ciudadanía, sino que la coloca en una situación de vulnerabilidad frente al avance de otros poderes.

¿Qué se juega con la independencia judicial?

El artículo subraya que la independencia judicial no es negociable ni admite tutelas encubiertas. Instalar la idea de que las investigaciones requieren supervisión externa constituye una forma de presión institucional, incompatible con una democracia constitucional.

También cuestiona que se use la existencia de debates o tensiones propias de cualquier investigación para deslegitimar al sistema. El proceso penal, dice, es un ámbito de contradicción y no un relato lineal.

El riesgo de invocar al Ejecutivo nacional

Otro punto crítico es la apelación al Poder Ejecutivo nacional para intervenir en asuntos judiciales provinciales. Eso implica desconocer el diseño federal argentino y habilita una peligrosa injerencia política.

El texto también rechaza el uso de expresiones como “clima de miedo” sin sustento concreto, porque deterioran la confianza pública y constituyen un acto de irresponsabilidad institucional.

Finalmente, Morabito insiste: la democracia se consolida cuando cada poder cumple su rol sin interferencias. Cruzar esa línea no es un reclamo legítimo, sino un intento de condicionar a la Justicia.