La suspensión de embargos hasta 2027 se presentó como un alivio, pero los contadores salteños encontraron un detalle en el esquema: los autónomos ya reciben intimaciones que el plan no cubre. Y la financiación tiene un costo que muchos no podrán afrontar.
El paquete de alivio fiscal que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, ofrece una tregua frente a los embargos y abre una puerta para regularizar deudas, pero no resuelve el problema de fondo: empresas y trabajadores independientes siguen sin los ingresos para pagar. Así lo evaluaron los contadores salteños Daniel Amador, Juan López López y Néstor Daniel Cáseres, que analizaron el alcance de las medidas y lo que queda pendiente.
El anuncio se hizo durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. El esquema contempla la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027 para los contribuyentes alcanzados, la ampliación de un régimen de regularización y la chance de usar ciertos saldos a favor para cancelar obligaciones aduaneras.
Sin embargo, la suspensión no borra las deudas ni levanta de forma automática los embargos ya trabados. El organismo recaudador conserva además excepciones para actuar cuando detecta un riesgo grave para los intereses del fisco.
«Parches» que no destraban la situación
Amador fue directo al describir el alcance de las medidas. «Estos son alivios fiscales que no terminan, son parches a la situación, pero la situación no termina de despegar», sostuvo. Y advirtió que, mientras se instrumentan las facilidades, los requerimientos de pago siguen cayendo en los domicilios fiscales electrónicos.
El foco del contador estuvo en los trabajadores autónomos. Explicó que se trata de personas que desarrollan actividades independientes dentro del régimen general y que, además de sus obligaciones impositivas, deben afrontar el aporte previsional. Ese componente queda fuera del plan de facilidades.
«Hoy han empezado a caer notificaciones a varios contribuyentes, te diría a bastantes, notificándolos, intimándolos a través del domicilio fiscal electrónico a regularizar la situación de autónomos», señaló.
Amador sumó otras dos advertencias: la exclusión de los anticipos impositivos y el hecho de que financiar no equivale a condonar. «No significan condonación», insistió. Al cálculo hay que agregarle los intereses resarcitorios de la deuda y el costo del plan, que ubicó en un 2,75% mensual. Por eso recomendó que cada contribuyente evalúe qué compromiso puede sostener según sus recursos.
También marcó límites para los monotributistas: en una aclaración posterior sostuvo que el plan analizado no los comprende y alertó sobre las consecuencias de acumular cuotas impagas, entre ellas la baja del régimen.
El consumo, la raíz del problema
Para López López, la insuficiencia del paquete tiene una explicación más amplia: la falta de recursos para cumplir con el fisco está atada a la marcha de la actividad económica.
«Es una medida meramente circunstancial, meramente coyuntural, no soluciona el problema de las pequeñas y medianas empresas, que tiene que ver fundamentalmente con el consumo», afirmó.
El contador atribuyó las dificultades a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y a la caída de las ventas, y vinculó la desaceleración de la inflación con esa contracción del consumo. También cuestionó la reducción de subsidios y de la obra pública nacional, aunque mencionó gestiones provinciales para conseguir obras el año próximo.
En el comercio salteño sumó otros factores: el ingreso de mercadería desde Bolivia y la apertura de importaciones. Recordó, además, el reclamo empresarial por una baja de impuestos.
Según describió, la falta de ingresos obliga a elegir qué obligaciones atender. «La pequeña y mediana empresa lo que está haciendo, de acuerdo a nuestra experiencia, es priorizar el pago de los sueldos, priorizar el pago de los empleados y atrasándose con los impuestos», expresó.
De todos modos, valoró la posibilidad de regularizar deudas vencidas hasta el 31 de octubre y adherir al esquema hasta el 30 de junio de 2027. Aclaró que igual pueden seguir llegando notificaciones por actuaciones anteriores a la entrada en vigencia de las medidas.
Monotributo y precarización
Sobre los monotributistas, López López sostuvo que pueden quedar comprendidos si reúnen las condiciones que mencionó, entre ellas un nivel de riesgo bajo y la gestión del certificado MiPyME.
El profesional también relacionó el crecimiento del monotributo con la precarización laboral. Según su análisis, quienes pierden empleos asalariados pasan a trabajar en plataformas de reparto o transporte y se incorporan al régimen simplificado. Consideró que esa situación golpea especialmente a los menores de 30 años.
Notificación no es embargo: la diferencia que importa
El presidente del Consejo de Ciencias Económicas de Salta, Néstor Daniel Cáseres, separó las notificaciones administrativas de las medidas judiciales. Explicó que los requerimientos enviados al domicilio fiscal electrónico forman parte del procedimiento habitual cuando una obligación no se paga a término.
Después de esa instancia puede iniciarse una ejecución judicial, con intervención de un agente fiscal y la posibilidad de embargos de cuentas o bienes. Para Cáseres, el alivio anunciado apunta justamente a frenar esa etapa, que agrava la situación de quienes ya no tienen recursos.
«El contribuyente no paga porque no puede. La mayoría», sostuvo. Según explicó, el bloqueo de una cuenta puede provocar el rechazo de cheques, cortar los pagos a proveedores y convertir una deuda tributaria en un problema para toda la empresa.
Las críticas al uso de la vía judicial
Cáseres cuestionó la utilización de la vía judicial como herramienta para mejorar la recaudación cuando el incumplimiento responde a una falta de capacidad de pago. Valoró la suspensión porque reduce esa presión, aunque señaló que hacen falta otras medidas para reactivar la actividad.
También distinguió la situación de los autónomos de la de los monotributistas. Sobre estos últimos, dijo que no había tenido casos de embargo por falta de pago del monotributo y ubicó sus principales dificultades en la caída del consumo, la interrupción de la cadena de pagos y los costos para sostener un local. Advirtió, además, que la baja por incumplimiento les genera obstáculos para facturar y acreditar su inscripción.
Qué incluye el plan y desde cuándo se puede adherir
El paquete informado por el Gobierno incluye un plan de hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. La incorporación de esas deudas estará habilitada desde el 16 de noviembre, mediante el servicio Mis Facilidades de ARCA, con plazo de adhesión hasta el 30 de junio de 2027.
Los otros anuncios de Caputo
El ministro de Economía anunció que las pymes podrán aplicar el 100% de determinados saldos a favor por reintegros de exportación o IVA exportador a la cancelación de obligaciones aduaneras. Para las grandes empresas se prevé una aplicación gradual.
Caputo también presentó créditos del Banco Nación para comprar vehículos nacionales, con plazos de tres, cuatro y cinco años y una tasa fija cercana al 20% anual. En materia provincial, propuso eliminar el impuesto a los Sellos mediante un esquema en el que la Nación compensaría la mitad de la recaudación y las jurisdicciones adheridas absorberían el resto.
Las herramientas ofrecen alternativas para ordenar obligaciones pendientes. Los tres contadores, con diferencias sobre su cobertura, coincidieron en un punto: la capacidad de aprovecharlas depende de una dificultad previa, contar con ingresos suficientes para pagar.
