El artículo 21 del Presupuesto 2027 que dejaría al INTA sin la mitad de sus fondos

El proyecto de Presupuesto 2027 incluye una modificación que, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), cambiaría de raíz el financiamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se trata del artículo 21, que deroga una asignación específica vigente desde 2002 y que ata la recaudación sobre las importaciones al funcionamiento del organismo.

El CEPA elaboró el documento a partir de las presentaciones que referentes del INTA hicieron en la Cámara de Diputados. Su conclusión: la derogación compromete más de la mitad de los recursos del instituto.

Qué dice exactamente el artículo 21

La asignación específica nace de la Ley 25.641, que funciona en la práctica como base legal del financiamiento del INTA y de otros entes. Esa norma creó un aporte equivalente al 0,5% del valor CIF de las importaciones destinado al INTA. Después el porcentaje se elevó al 0,65% y se repartió entre tres organismos: el INTI, el SENASA y el INTA.

El informe del CEPA describe el efecto con números: "Con la derogación, desaparece el mecanismo que asegura a estos organismos un flujo de recursos propio, más allá de las asignaciones discrecionales del Tesoro". Y detalla: "En el Presupuesto 2026, el organismo contaba con $905.711 millones, de los cuales $513.034 millones (57%) provenían de la alícuota sobre las importaciones y $392.677 millones del resto de sus ingresos. Para 2027 se le asignan $546.784 millones, sin ingresos de la alícuota. Ajustado por inflación, el recorte es del 50% en un solo año".

INTI y SENASA, el otro frente del ajuste

El impacto no se limita al INTA. Según el mismo trabajo, el SENASA perdería cerca del 40% de sus recursos en términos reales, mientras que el INTI directamente no recibiría fondos: además de la derogación del inciso, se eliminó su financiamiento por el resto de las vías.

El CEPA tampoco lo lee como un hecho aislado. "El recorte de 2027 no es un hecho aislado, ya que profundiza un ajuste que comenzó en 2024. Si se compara el presupuesto vigente de 2027 con el de 2023, la caída real del INTA alcanza el 55,9%. El organismo se ubica así entre los más afectados del área de desarrollo productivo, junto con el INTI (-65,6%) y el Instituto Nacional del Agua (-61,6%)", sostiene el documento.

Para qué usaba el INTA ese 0,45%

La quita de ese porcentaje sobre lo recaudado por importaciones no es un dato contable más. Con esos fondos el organismo cubría gastos de funcionamiento e inversiones, las becas y los estudios de posgrado de su personal, parte de los salarios y el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, que acumula los saldos no ejecutados de cada año y opera como reserva.

Durante el debate en comisiones, referentes vinculados al INTA explicaron los alcances concretos del ajuste sobre la producción y la investigación científica. El CEPA ordenó esos impactos en cuatro ejes.

Emergencias, investigación y presencia en el territorio

Sin la reserva del Fondo, el organismo pierde margen para responder ante sequías, inundaciones, plagas emergentes y emergencias sanitarias. El informe recuerda que durante la pandemia de COVID-19 esos saldos se usaron para comprar insumos para los laboratorios de Castelar y para el trabajo conjunto con el SENASA en Martínez.

En investigación y servicios, el ajuste ya golpeó al 23% de las actividades de Investigación y Desarrollo en los territorios y al 42% de las líneas de innovación, con impacto sobre 29 cadenas y economías regionales y 202 unidades. Además, 93 convenios y servicios de gestión de calidad no podrían cumplirse, y 223 profesionales con posgrado se desvincularon en el retiro de julio de 2026.

La presencia territorial también se retrae: se dieron de baja 41 Agencias de Extensión Rural, se cerraron 74 oficinas y se dispuso el cierre de la Estación Experimental AMBA junto con sus 9 agencias. El repliegue golpea especialmente a los pequeños y medianos productores, que representan el 70% de las explotaciones del país (menos de 100 hectáreas, según el CNA 2018), y pone en riesgo programas como Cambio Rural.

A eso se suma la cuestión salarial: la caída del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del organismo se acerca al 40%.

El cinturón verde y los remates que se pierden

El CEPA cierra su análisis con una descripción del día después: "Con el cierre de la EEA AMBA y sus 9 agencias, los productores del cinturón verde pierden la asistencia directa sobre plagas, riego y certificaciones. Los grupos de Cambio Rural se desarman al quedarse sin asesor técnico y los remates de pequeños productores, como los que nacieron en Corrientes, dejan de organizarse: el productor chico vuelve a vender al intermediario, a peor precio".

La exoneración de Virginia Aparicio y el proyecto SPRINT

En paralelo al ajuste presupuestario, el INTA atraviesa un episodio que el informe enmarca en la opacidad del organismo. El Consejo Directivo exoneró a la investigadora Virginia Aparicio por sus estudios sobre los impactos de los agroquímicos en las personas.

Aparicio formaba parte de una investigación global conocida como proyecto SPRINT. Cuando el organismo vislumbró la posibilidad de un "mal resultado" para la Argentina en relación a los impactos adversos de los procesos productivos vinculados a la siembra directa y la industria de los agrotóxicos, prohibió la publicación de los resultados. La científica los difundió de todas maneras. Acto seguido, fue exonerada.