El artículo que el oficialismo metió en el proyecto rural y tuvo que borrar por el escándalo

Un proyecto que se presentaba como una herramienta contra la intrusión en campos y los daños a la producción agropecuaria terminó envuelto en una polémica por censura. En el plenario de las comisiones de Agricultura y Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados intentaron colar una modificación al Código Penal que castigaba con prisión la difusión de opiniones en medios y redes sociales.

La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain (PRO) y respaldada por La Libertad Avanza, buscaba endurecer las penas contra la intrusión en predios rurales y los daños a silobolsas, cultivos, maquinaria y ganado. Pero el texto original que llegó a las comisiones incluía un agregado que nada tenía que ver con la actividad agropecuaria: la reforma del Artículo 209 del Código Penal.

Qué decía el artículo que encendió las alarmas

El apartado establecía: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que públicamente instigare a la comisión de un delito determinado o de una clase de delitos de una misma especie... La pena se aumentará en un tercio si la instigación se realizare a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales.”

Para los críticos, esa redacción abría la puerta a criminalizar la expresión de ideas y opiniones, con posibles persecuciones penales contra periodistas, comunicadores y ciudadanos que publicaran contenido crítico en plataformas digitales.

La maniobra no aparecía como un hecho aislado. Poco más de un mes antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había pedido públicamente que la Justicia “castigue” a los periodistas que escriben “cosas sin ningún tipo de sustento” en redes y en notas periodísticas. El funcionario hizo esas declaraciones al responder a un tuit que lo vinculaba con un empresario.

La denuncia de Bregman que hizo retroceder al oficialismo

Durante el plenario, la diputada nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, denunció lo que consideró una maniobra de censura encubierta bajo la excusa de debatir la problemática rural.

“Quiero señalar la gravedad en particular que tiene la modificación del artículo 209 del Código Penal, que no tiene ningún tipo de conexión con lo que aquí se está discutiendo. Esta modificación, en consonancia con el proyecto de ley del Poder Ejecutivo llamado de 'Defensa de la Soberanía Nacional', ataca la difusión de ideas y opiniones. Se busca penalizar las opiniones de las redes sociales y criminalizar la libertad de expresión”, sostuvo la legisladora.

Bregman también apuntó a las intenciones de fondo del expediente 2248-D-2026, al afirmar que busca “blindar la Ley de Tierras y defender a poderosos que se quedan con un lago, como es el caso de Joe Lewis”. Según dijo, esa lectura surge “de la lectura del articulado y del marco político en el que se abordan estos temas”.

La exposición pública de la maniobra obligó al oficialismo y a sus aliados a retirar la modificación del artículo 209 del dictamen de mayoría que finalmente se firmó.

Qué quedó en el dictamen final

Pese al retroceso, el oficialismo consiguió firmar un dictamen de mayoría que se limita a la tipificación del ingreso no autorizado a predios rurales (Art. 150 bis) y a los daños agravados a la infraestructura o el stock agropecuario (Art. 184 bis).

Por su parte, los bloques de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda Unidad presentaron dictámenes de minoría en rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno y sus aliados.