El aula que la UNRC quiere abrir incluso en pleno paro: qué se esconde detrás del proyecto
La UNRC debate un sistema para que las aulas no queden cerradas cuando hay medidas de fuerza: quiénes piden abrirlas y qué pasa con el personal que las habilita, en una interna que divide a los claustros.
La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene sobre la mesa un proyecto que promete sacudir la interna universitaria. Se llama Aulas Abiertas y ya ingresó al Consejo Superior en un escenario de crisis por el desfinanciamiento, el incumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional y una conflictividad creciente entre los claustros a causa de las medidas de fuerza reiteradas.
La rectora Marisa Rovera salió a defenderlo y lo hizo con una frase que resume la lógica de la iniciativa: el proyecto "resguarda el derecho a huelga". Lo dijo en diálogo con Puntal, en medio de la pulseada por cómo conviven el derecho a protestar y el derecho a estudiar.
Qué propone exactamente
La idea en debate es un sistema excepcional y transitorio para que las aulas de la UNRC puedan usarse cuando haya conflictos colectivos universitarios. No se trata de una medida permanente, sino de un mecanismo de emergencia con reglas precisas.
Según el texto que llegó al Consejo Superior, las Secretarías Académicas de cada facultad deberán enviar a la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios una solicitud de reserva y eventual utilización de aulas ya asignadas, siempre que los conflictos colectivos impidan el uso habitual de esos espacios.
La reserva la hará cada Unidad Académica en función de los pedidos de sus docentes, departamentos o coordinadores de carrera. Y si el conflicto se verifica, será la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios la que arbitre las medidas necesarias para garantizar la apertura, el cierre y el uso de las aulas en las cantidades que pidan las facultades.
Quiénes quedan alcanzados
El proyecto también define qué pasa con el personal involucrado cuando se active el sistema. En esos casos quedarán suspendidas las obligaciones previstas en las Resoluciones C.S. N° 276/90 y N° 068/08 para el Departamento de Coordinación de Aulas y Horarios y para la Dirección de Servicios Generales.
Además, las responsabilidades patrimoniales que fija la Resolución Rectoral N° 1128/77 pasarán a ser asumidas por el titular de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios.
El respaldo estudiantil
El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, conducido por Franja Morada, se pronunció a favor de la iniciativa. Su postura quedó sintetizada en una frase: "defender la Universidad Pública también es garantizar el derecho a estudiar".
El debate, así, excede la cuestión edilicia: pone en tensión dos derechos que la comunidad universitaria reclama como propios y que la crisis de financiamiento volvió a cruzar en el centro de la escena.
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