El aumento de la luz que ya pagás y el pedido de la Defensoría que La Cámpora salió a apoyar

La política tarifaria de la provincia de Buenos Aires volvió a encender una interna que hasta ahora se mantenía en sordina: los aumentos de electricidad que aplicó el gobierno de Axel Kicillof abrieron un nuevo capítulo de tensión con el kirchnerismo duro que conduce Máximo Kirchner. La Cámpora respaldó el reclamo que el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, presentó en la Justicia para frenar la suba.

El conflicto se desarrolla entre cautelares, apelaciones y chicanas políticas, y deja a la vista las diferencias entre dos tribus que compiten por el mismo espacio opositor frente al modelo libertario.

Qué resolvió la Provincia y cuánto pesa en la factura

Todo gira alrededor de la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó nuevos cuadros tarifarios según la categoría de consumo y la distribuidora. La actualización se tradujo en subas de entre 1,5% y 3,5% en las facturas finales.

La medida incorpora una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente que remunera los costos propios de las empresas: gastos operativos, mantenimiento, salarios e inversiones. El recálculo técnico del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires también contempla modificaciones en el sobrecosto por generación local, el agregado tarifario y el cargo de transición tarifaria.

El impacto en el bolsillo no es menor. Desde la Defensoría bonaerense señalaron a LA NACION: “Depende de los consumos por usuario, pero pagar la factura en invierno y en verano representa más del 20% del ingreso familiar en los sectores medios”. Y agregaron que “el problema es mayor para los hogares electrointensivos, que dependen exclusivamente de la electricidad para servicios básicos”. En casos extremos de hogares medios, mencionaron facturas de entre $600.000 y $800.000 mensuales.

Las empresas alcanzadas por la medida

La decisión involucra a las cuatro compañías que prestan el servicio fuera del área de concesión de Edenor y Edesur: EDEN (norte y centro bonaerense), EDES (sur), EDELAP (La Plata y alrededores) y EDEA (costa atlántica y centro de la provincia). Todas pertenecen al Grupo DESA, del empresario Rogelio Pagano, que desembarcó y amplió su injerencia en el mercado eléctrico bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.

El reclamo: audiencias públicas y tarifa social

La medida cautelar de Lorenzino advierte que los retoques tarifarios se hicieron sin convocar audiencias públicas. “Desde 2021 se aplican incrementos sin participación adecuada de los usuarios”, explicaron en el equipo del defensor, y subrayaron que la falta de audiencias trasciende a la actual gestión bonaerense.

Otra objeción apunta a “una pérdida de eficacia” de la Tarifa Social Provincial (TSP), en la cual “las bonificaciones destinadas a los sectores vulnerables no acompañaron la evolución de los distintos componentes tarifarios y fueron perdiendo capacidad real de cobertura”.

Esos reclamos fueron admitidos en septiembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola. La resolución suspendió las actualizaciones tarifarias y ordenó a las empresas devolver los importes cobrados por los aumentos. También alcanzó a las cooperativas eléctricas bajo jurisdicción provincial y municipal, alrededor de 200 fuera del AMBA, en el Interior provincial.

La apelación de la Provincia y el estado actual de la causa

El gobierno bonaerense apeló el fallo a finales de octubre, junto con las distribuidoras. Argumentaron que en el procedimiento técnico de base ya se había cumplido con la instancia de participación ciudadana requerida, y advirtieron que la suspensión de los aumentos podía comprometer la sostenibilidad financiera del servicio y el capital de trabajo de las compañías.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, integrada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucin, dio lugar a la apelación provincial. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la postura de la Provincia y afirmó que “se limitó a explicar técnicamente por qué no correspondía convocar a nuevas audiencias públicas”, dado que ya se habían realizado bajo el régimen vigente, establecido antes de la llegada de Kicillof.

Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, en cambio, precisaron que “la cautelar no fue revocada, pero actualmente no se está ejecutando mientras la Cámara analiza las apelaciones” de la provincia y las distribuidoras.

De las tarifas a los endeudados: el cruce político

La discusión judicial tuvo una derivación política inmediata. El camporista Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de UxP y dirigente de la mesa chica de Máximo Kirchner, respaldó el reclamo de la Defensoría del Pueblo y rechazó la disposición provincial. En esa línea cruzó al ministro Gabriel Katopodis, uno de los aspirantes del kicillofismo para competir por la gobernación en 2027.

Tignanelli viene de articular con Lorenzino en la Legislatura bonaerense un proyecto con el sello de La Cámpora sobre los endeudados. Según un relevamiento impulsado por el defensor adjunto Walter Matertello (Frente Renovador), el total de las deudas impagas de los bonaerenses asciende a $6,49 billones y más de 1,8 millones están en mora.

La iniciativa parlamentaria propone crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores en la provincia de Buenos Aires, una instancia prejudicial obligatoria en la que la Defensoría del Pueblo de PBA pueda mediar entre deudores y acreedores (bancos y billeteras virtuales) para acordar la reestructuración de los atrasos de pagos antes de llegar a la Justicia. El texto logró media sanción a finales de septiembre en la Cámara de Diputados provincial, aunque mostró discrepancias por parte de pares de bancada enrolados en el MDF.