El banco de todos los entrerrianos cambiaría de dueño: el proyecto que ya está en la Legislatura
El proyecto para fusionar el Banco de Entre Ríos con dos entidades del Grupo Petersen ya está en la Legislatura y podría cambiar el peso financiero de la provincia: la casa central se mudaría a Santa Fe, y la decisión final queda en manos del Estado. ¿Qué pasa con el servicio y con los entrerrianos?
El Poder Ejecutivo provincial dio un paso que puede redefinir el mapa financiero de Entre Ríos: envió a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar la fusión del Banco de Entre Ríos con el Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de San Juan, todas firmas del Grupo Petersen. En ese esquema, la entidad entrerriana actuaría como absorbente y continuadora universal.
La iniciativa se apoya en una opinión favorable preliminar del Banco Central, el organismo que controla a las entidades financieras. El objetivo declarado es la consolidación patrimonial y una mayor eficiencia del sistema. Pero el texto no se limita a pedir el visto bueno: también deja en claro que la conformidad provincial no es una obligación del Estado ni una prerrogativa del banco solicitante.
Una decisión que queda en manos del Estado
El proyecto encuadra la autorización como el ejercicio de una facultad administrativa discrecional, atada a la titularidad de la relación contractual que tiene el Poder Ejecutivo. En otras palabras, el banco necesita el permiso, pero la provincia se reserva la decisión política de otorgarlo o no. Esa tensión es el corazón de la letra chica.
En cuanto al servicio, el texto sostiene que la reorganización no implicaría una reducción en la prestación que el banco cumple como agente financiero de la provincia. Sin embargo, hay un punto que pesa: la casa central se trasladaría a Santa Fe. No se trata solo de un cambio societario, sino de un desplazamiento del centro de gravedad financiero hacia otra provincia.
El trámite no termina en la Legislatura
Para que la autorización tenga eficacia jurídica plena, el banco deberá completar en su ámbito societario privado y ante las autoridades nacionales la aprobación del proceso de reorganización por fusión por absorción que ya dictó el Banco Central. La Legislatura, entonces, no cierra el expediente: solo abre una puerta.
La operación se presenta como un intento de ordenar el mapa bancario: tres entidades, un mismo grupo, una lógica de escala. Para la provincia, el banco no es un prestamista cualquiera, es un brazo operativo del Estado en el servicio financiero. Por eso la discusión excede lo societario.
La pregunta que queda flotando es si la fusión mejora la eficiencia o redistribuye el poder financiero hacia otra provincia. El proyecto promete que no habrá reducción del servicio, pero la ubicación de la casa central en Santa Fe obliga a seguir cada paso con lupa. La Legislatura tiene la palabra.
