El basural de Río Gallegos opera sin permiso ambiental y el municipio de Grasso no presenta la auditoría
El relleno sanitario al que va a parar la basura de Río Gallegos opera con el permiso vencido y sin la auditoría que el municipio de Grasso debía presentar. Lo que ya aparece en los campos de los productores linderos pone en jaque a la actividad ganadera de la zona.
La Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz detectó graves incumplimientos en el relleno sanitario ubicado camino a Punta Loyola: funciona con una Declaración de Impacto Ambiental vencida desde 2025 y el Municipio de Río Gallegos, a cargo de Pablo Grasso, aún no entregó la documentación que permitiría regularizar la situación.
El secretario de área, Diego Procopio, confirmó que el predio opera sin la DIA vigente y que, pese a las intimaciones, la comuna no presentó la Auditoría Ambiental de Cumplimiento requerida para obtener una nueva habilitación.
El alerta no es solo ambiental: los establecimientos ganaderos linderos ya reportan residuos plásticos dispersos en sus campos y advierten por el impacto sobre la producción.
Un permiso vencido y una auditoría que nunca llegó
Según explicó Procopio, el proyecto original sí contó con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Pero luego se exigió una Auditoría Ambiental de Cumplimiento para verificar que las obras y las condiciones de funcionamiento se ajustaran a lo establecido.
Esa auditoría es el paso previo para conseguir una nueva Declaración de Impacto Ambiental, el documento que habilita la operación del establecimiento. La declaración anterior caducó en 2025 y el Municipio todavía no presentó lo que se le pidió.
Qué encontraron en las inspecciones
Procopio detalló que "durante las inspecciones, se detectaron incumplimientos relacionados con la disponibilidad de maquinaria necesaria para el tratamiento y disposición de los residuos, una dotación reducida de personal, la falta de una balanza para controlar los ingresos y deficiencias en el recinto destinado a residuos peligrosos".
A esas falencias se suma una duda de fondo: no se puede verificar si la geomembrana que debe impermeabilizar las celdas está correctamente colocada. Esa membrana es la que impide que los líquidos generados por la descomposición de los residuos se filtren al suelo.
La falta de documentación técnica actualizada impide confirmar si esas condiciones se cumplen.
El reclamo de los campos vecinos
Javier Álvarez Bento, administrador de la estancia Punta Loyola, denunció públicamente la presencia de plásticos dispersos en los campos y advirtió por sus consecuencias para la actividad ganadera.
Según explicó, esos plásticos se fragmentan en partículas pequeñas que pueden incorporarse a la vegetación que consumen los animales, con riesgos para su alimentación y su salud. También alertó por la pérdida de superficie aprovechable y por el impacto sobre la continuidad de la producción rural.
El caso deja a la vista la necesidad de que los residuos permanezcan dentro de los sectores habilitados y de que el establecimiento cuente con las condiciones operativas para evitar que se dispersen hacia los campos vecinos.
Cuatro inspecciones y expedientes en la Justicia
La Secretaría de Ambiente inspeccionó el predio en cuatro oportunidades: el 17 de diciembre de 2025, el 5 de marzo, el 7 de abril y el 16 de octubre de 2026. En cada visita se labraron actas y se formularon requerimientos a la Municipalidad de Río Gallegos y a la empresa operadora, Nueva Santa Cruz.
Además de la auditoría y de la actualización de la DIA, se reclamó documentación sobre la capacidad de las celdas, los sistemas de impermeabilización, el manejo de lixiviados y biogás, la maquinaria disponible y el contrato vigente entre el municipio y la firma.
Desde el organismo provincial indicaron que esos requerimientos administrativos y técnicos todavía no fueron cumplidos en su totalidad, por lo que las tareas de fiscalización y control sobre el relleno siguen en curso.
En paralelo, por la persistencia del vaciadero municipal de la calle José Ingenieros, la Secretaría de Ambiente junto con la Fiscalía de Estado impulsó actuaciones ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N.º 2, con el objetivo de abordar la problemática ambiental y avanzar hacia una solución definitiva.
Productores rurales afectados, a su vez, presentaron una acción de amparo ante el mismo juzgado, en cuyo marco está prevista una audiencia para este miércoles. Son expedientes distintos, pero vinculados por el mismo problema de fondo.
La solución que terminó siendo otro problema
El nuevo relleno sanitario debía resolver la histórica crisis de los residuos en Río Gallegos y permitir el cierre del viejo vaciadero de la calle José Ingenieros. Sin embargo, ambos espacios siguen en uso.
Las graves deficiencias en el tratamiento de residuos del vaciadero urbano motivaron denuncias de la Secretaría de Ambiente en la Justicia en abril de este año. Hasta el momento no hubo una decisión judicial al respecto.
El escenario exige respuestas y el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales por parte del Municipio y de la empresa operadora.
