El bebé de Rancul ya está con la familia adoptante: qué dijo el ministro sobre el operativo

El ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Alvarez, salió a defender este martes el procedimiento que terminó con la entrega del bebé de Rancul a la familia adoptiva elegida por la Justicia. Según el funcionario, los organismos provinciales actuaron en cumplimiento de una orden judicial y buscaron generar la situación menos violenta posible para el niño.

Las declaraciones se dieron en la Legislatura provincial, donde Alvarez participaba de un plenario por la reforma del Código Procesal Penal. Pero el tema que acaparó las preguntas de la prensa fue otro: el operativo del lunes, cuando la familia de contención que se negaba a entregar al bebé fue interceptada por la Policía en el puesto caminero de Eduardo Castex.

Qué dijo el ministro sobre la situación del niño

Alvarez remarcó que la situación jurídica del pequeño ya estaba definida. "La situación de fondo de ese niño ya estaba resuelta: estaba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia N° 1 de General Pico ya había seleccionado a la familia adoptiva", señaló.

El bebé estaba desde los dos meses con Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, una familia de contención de Rancul. Con el paso de los meses, la pareja desarrolló un fuerte vínculo afectivo con el nene y quiso adoptarlo. Pero el sistema de familias de contención marca que ese rol es transitorio y no habilita la adopción del niño bajo su cuidado. La Justicia declaró la adoptabilidad y pidió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos la lista de familias en condiciones de recibirlo.

El intento de la familia de contención por quedarse con el bebé

La pareja hizo varias presentaciones judiciales para evitar la entrega. El lunes, el Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal que habían interpuesto. Según información judicial, todavía les queda la chance de presentar un recurso de queja para llegar a la Corte Suprema, aunque hoy no hay una causa radicada en el máximo tribunal nacional.

Después de conocer el fallo del STJ, la pareja se presentó en Santa Rosa y manifestó su negativa a entregar al niño. Más tarde volvían a Rancul, pero fueron interceptados en la Ruta Nacional 35, a la altura de Castex. Finalmente, el bebé fue trasladado a Santa Rosa y quedó con la familia adoptante designada por la Justicia. La Subsecretaría de Niñez dio por concluida su intervención administrativa.

La defensa del sistema de adopciones

Alvarez rechazó las críticas por la intervención estatal y aseguró que el objetivo fue proteger al chico. "Nosotros cumplimos con una orden judicial. Fue una situación en la que se buscó actuar de la manera menos violenta posible para el bebé. Acá lo que priorizamos siempre son los derechos de los niños y niñas", afirmó.

El ministro también defendió el sistema de adopciones vigente y consideró que la normativa busca evitar las guardas irregulares y garantizar un procedimiento "más justo y equitativo" para los aspirantes. En ese sentido, destacó el papel del Registro Único de Adoptantes y dijo que la selección debe tener en cuenta el perfil adecuado para cada nene, porque es una decisión con consecuencias permanentes.

"Fue un proceso judicial transparente", sostuvo Alvarez, al remarcar que la familia pudo ejercer distintas defensas en primera y segunda instancia y ante el STJ. "Nosotros debemos atenernos a la ley y a la orden judicial que tuvimos que cumplir", insistió.

La reforma del Código Procesal Penal

Durante su visita a la Legislatura, Alvarez también explicó el proyecto de reforma del Código Procesal Penal enviado por el Ejecutivo para adecuar la normativa provincial a la nueva ley nacional que establece la imputabilidad penal desde los 14 años.

El funcionario aclaró que la modificación no implica necesariamente prisión para los adolescentes que infrinjan la ley. "No hablaría de sancionar y castigar, sino de que va a haber persecución penal", explicó, y destacó que el proyecto contempla alternativas a la prisión y mecanismos de reparación del daño y justicia restaurativa.

Aunque manifestó su desacuerdo con la ley nacional que cambia la edad de imputabilidad, Alvarez dijo que la Provincia debe adecuar su legislación dentro del marco constitucional. El proyecto, indicó, fue elaborado junto al Superior Tribunal de Justicia, los ministerios públicos y otros organismos vinculados con la aplicación del Código Procesal Penal.