El bioquímico acusado de encerrar a su familia rompió el silencio y apuntó contra sus propios vecinos

Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años detenido en Esquel por presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado, habló por primera vez desde el allanamiento y rechazó todas las acusaciones. Lo hizo a la salida de los tribunales, cuando era trasladado en un patrullero, y lejos de referirse al expediente eligió disparar contra quienes dieron el alerta inicial.

“Mi versión de los hechos es que es una gran persecución”, declaró el imputado ante una consulta del medio local Noticias de Esquel, según consignó La Opinión Austral. Battista había sido notificado ese día sobre el avance de la causa en su contra.

El hombre, que permanece alojado en una dependencia policial de Trevelin, tampoco ahorró críticas hacia los residentes de las inmediaciones de su vivienda, cuyas advertencias pusieron en marcha la investigación judicial. “Recibí más afecto en prisión que con mis vecinos”, sostuvo.

Se trata de la primera respuesta pública del acusado desde el operativo del 22 de octubre, cuando las autoridades ingresaron al domicilio familiar y dispusieron medidas de protección para su pareja, de 41 años, y sus tres hijos, de 19, 17 y 13 años.

Qué investiga la Fiscalía

El eje de la causa es determinar si los cuatro integrantes del grupo familiar estuvieron privados de su libertad, en qué condiciones vivían y qué responsabilidad penal podría caberle al imputado. Por ahora, Battista está acusado por abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

Esa calificación es provisoria y podría cambiar a medida que se incorporen las pericias y los testimonios al expediente. La hipótesis inicial contempla un encierro de aproximadamente cuatro años, un plazo que todavía debe corroborarse con las pruebas reunidas.

Los investigadores también buscan establecer si la mujer y los jóvenes podían abandonar la propiedad por sus propios medios o si existían mecanismos de control que se lo impedían, además de revisar las condiciones sanitarias del inmueble y si hubo conductas que pusieron en riesgo la salud o la integridad de la familia.

Las sospechas que encendieron la alarma

Todo arrancó el 10 de octubre, cuando vecinos de Esquel alertaron a las autoridades por una serie de situaciones llamativas en una casa ubicada en Pasaje La Cascada al 600. Entre los puntos señalados aparecía un fuerte olor que salía del inmueble y comportamientos que desconcertaban a quienes viven en la zona.

Según los testimonios de las primeras actuaciones, las ventanas permanecían cubiertas y durante el día prácticamente no se registraban movimientos. Los vecinos también indicaron que la actividad parecía concentrarse de noche, que los hijos de la pareja casi nunca eran vistos fuera de la propiedad y que se habrían escuchado gritos durante la madrugada, lo que alimentó la preocupación por una posible situación de vulnerabilidad dentro del hogar.

Con esas advertencias sobre la mesa, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia de Esquel intervino e intentó ingresar a la vivienda para entrevistar a sus habitantes y evaluar sus condiciones de vida. De acuerdo con la información incorporada a la causa, Battista se negó a dejar entrar a los especialistas, lo que derivó en nuevas medidas judiciales.

El allanamiento y la asistencia a la familia

El 22 de octubre se concretó el operativo que terminó con la detención del bioquímico y con la asistencia de su pareja e hijos. La diligencia estuvo encabezada por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria judicial Mónica Caveri, con la participación de efectivos de seguridad y equipos especializados.

Durante el procedimiento, las autoridades inspeccionaron la casa para verificar las condiciones de habitabilidad y establecer en qué situación se encontraban las cuatro personas que convivían con el acusado. La mujer y los tres jóvenes fueron retirados del domicilio y quedaron bajo asistencia de profesionales médicos y equipos de acompañamiento psicológico, lo que permitió iniciar una evaluación de sus condiciones físicas y emocionales y recolectar elementos relevantes para la causa penal.

Qué dijeron los hijos en Cámara Gesell

Tras el allanamiento, la Fiscalía avanzó con diligencias para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda. Una de las actuaciones más relevantes fueron las declaraciones de los tres hijos de Battista mediante el dispositivo de Cámara Gesell, utilizado para tomar testimonios en condiciones de resguardo y evitar la revictimización.

Según informó la defensa, los tres jóvenes manifestaron en esas entrevistas que no estaban privados de su libertad. Esos testimonios deberán analizarse junto con el resto de las pruebas para establecer cómo se desarrollaba la convivencia familiar y qué posibilidades de contacto con el exterior tenían.

En paralelo, se dispusieron evaluaciones sobre la salud mental del imputado y otras pericias para esclarecer los hechos. Los investigadores también examinan dispositivos electrónicos secuestrados durante el operativo, con el objetivo de reconstruir las actividades y comunicaciones vinculadas al domicilio, y suman testimonios de personas que podrían aportar datos sobre los movimientos observados en la propiedad en los últimos años.

Battista quedó inicialmente bajo prisión preventiva por diez días, mientras la Fiscalía reúne elementos para sostener la imputación. Su abogado aseguró que los tres hijos declararon en Cámara Gesell que no estaban privados de su libertad y solicitó el cese de la prisión preventiva. Su situación procesal deberá revisarse a medida que avance la investigación y se incorporen los resultados de las diligencias pendientes.

Quién es Miguel Battista

Más allá de la gravedad de las acusaciones, el caso despertó interés por los antecedentes profesionales y comerciales del detenido. Battista se presenta públicamente como bioquímico y alcanzó cierta notoriedad durante la pandemia de coronavirus, cuando participó en entrevistas televisivas para promocionar un supuesto suplemento elaborado a partir de alfalfa.

En aquellas apariciones sostenía que el producto podía ofrecer beneficios frente al Covid-19 y aseguraba haber observado resultados positivos en más de 400 personas. Sin embargo, esas afirmaciones no estuvieron acompañadas por estudios clínicos que permitieran verificar su eficacia como tratamiento contra la enfermedad, en un contexto marcado por la proliferación de propuestas terapéuticas sin respaldo científico durante la emergencia sanitaria.

Battista también se presentó en redes sociales como bioquímico y médico. De acuerdo con la información difundida sobre sus antecedentes, figura matriculado como bioquímico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que no se habría encontrado una matrícula médica vigente a su nombre en el registro nacional consultado. Ese aspecto de su trayectoria volvió a cobrar relevancia tras su detención, aunque no constituye por sí mismo una prueba vinculada a los delitos que se investigan.

Ocho sociedades y una deuda millonaria

Otro aspecto que surgió después de conocerse el caso es su actividad empresarial. La Opinión Austral pudo conocer que Battista aparece relacionado con ocho sociedades constituidas entre 2005 y 2020, varias de ellas vinculadas al sector de la salud. Un dato llamativo es que seis de esas firmas fueron creadas entre febrero y marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Los objetos comerciales declarados abarcaban distintos rubros, entre ellos servicios de salud, turismo, construcción y actividades inmobiliarias. Además, un informe comercial indicó que en agosto de 2026 el hombre registraba deudas bancarias por aproximadamente 26,4 millones de pesos, clasificadas como irrecuperables.

Estos antecedentes permiten reconstruir parte de su trayectoria económica y profesional, aunque hasta el momento no se informó que tengan una relación directa con los hechos investigados en la vivienda de Esquel. La causa sigue centrada en las condiciones de vida de su pareja e hijos y en las eventuales responsabilidades penales derivadas de la situación denunciada.

El caso generó una fuerte repercusión en la ciudad y reavivó el debate sobre la importancia de las alertas comunitarias y de la intervención de los organismos de protección ante posibles situaciones de violencia o vulnerabilidad en el ámbito familiar. Por ahora, la investigación permanece abierta y las acusaciones deberán acreditarse judicialmente.