El blindaje de Cerimedo en su llegada a la Justicia boliviana: chaleco antibalas y un descargo que niega todo

Con chaleco antibalas, rostro cubierto y un imponente operativo de seguridad, Fernando Cerimedo pisó este viernes el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra para enfrentar al fiscal que lo investiga por tentativa de femicidio. El exasesor de Javier Milei, detenido en Bolivia, intentó blindar su presentación mientras su defensa filtraba un escrito donde rechaza las acusaciones más resonadas.

El excomunicador libertario, que también asesoró al gobierno de Rodrigo Paz, quedó formalmente imputado por el intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller. La cita judicial de esta tarde fue suspendida y reprogramada, luego de que el jueves no se presentara a tiempo. "Quiero ver a mis hijos", había sollozado ante la prensa que lo esperaba en el tribunal.

Un descargo que desmiente todo

Antes de llegar, su entorno difundió un manuscrito donde Cerimedo niega tres versiones que circularon tras los allanamientos: descarta un pago a legisladores, asegura que no se incautaron US$1.000.000 y rechaza tener una granja de bots en su domicilio. El escrito busca frenar el daño reputacional mientras avanza la causa.

Dos detenidos y un quinto allanamiento

En paralelo, la Policía boliviana detuvo a dos personas que podrían estar vinculadas al ataque armado contra Beller. Según el medio Red DTV, las autoridades deberán determinar su identidad y nivel de participación. Unitel precisó que les encontraron cascos similares a los usados en el atentado, y que uno de ellos podría ser el conductor de la moto del ataque.

El Ministerio Público, por su parte, ejecutó el quinto allanamiento en La Paz, esta vez en la zona de Calacoto, donde se identificó un ambiente que supuestamente iba a ser la oficina de Cerimedo. "Acá, según información preliminar, iba a funcionar la oficina del señor Cerimedo y donde iban a realizar toda la logística que él iba a tener como parte del Gobierno", dijo el fiscal Miguel Cardozo, según El Deber.

El inmueble estaba vacío, pero el alquiler ya se pagaba: alrededor de 25 mil bolivianos por mes, y nunca lo usaron. "Solamente se han secuestrado las facturas y la documentación de quien habría alquilado el bien inmueble", agregó Cardozo, dejando abierta la investigación por enriquecimiento ilícito.