Un diputado chaqueño denunció que el oficialismo no dio quórum para tratar el endeudamiento de las familias. Y contó el caso del bono de $200.000 que la mayoría de los trabajadores municipales nunca pudo cobrar: qué pasó con el dinero.
El diputado provincial del peronismo Moser salió a cuestionar con dureza al oficialismo chaqueño por no haber dado quórum en la Legislatura y advirtió que la situación económica de las familias chaqueñas se deterioró por la caída del poder adquisitivo, el aumento de las tarifas y el crecimiento del endeudamiento de los hogares.
En diálogo con Radio Natagalá, el legislador sostuvo que la oposición había llevado un temario con cuatro puntos centrales que el oficialismo decidió no tratar. «El oficialismo no dio el quórum, estaban en el recinto, estaban en su bloque y no dieron el quórum correspondiente», afirmó Moser, y atribuyó la decisión a la falta de voluntad política para avanzar con proyectos que, según su visión, atienden problemas urgentes de la sociedad chaqueña.
Los cuatro ejes que la oposición quería debatir
El primero de los puntos era la recuperación de la cláusula gatillo para los docentes, a través de una iniciativa legislativa que permita cumplir con los compromisos asumidos por el gobernador. Moser describió un panorama delicado para los trabajadores de la educación, con ingresos deteriorados y serias dificultades para afrontar los gastos cotidianos.
«Los docentes ahorita están endeudados y sin poder llegar a fin de mes», expresó, al reclamar que se retome un mecanismo de actualización que proteja los salarios frente a la inflación.
El segundo eje era un plan de alivio para las familias endeudadas. El diputado señaló que su espacio político presentó distintos proyectos para atender una problemática que atraviesa a varios sectores de la sociedad. «El endeudamiento familiar es otra gran problemática. El trabajador tiene un ingreso y termina condicionado por las deudas. Nosotros tenemos distintos proyectos para poder generar un alivio, pero el oficialismo no los quiere acompañar», manifestó.
Para Moser, el crecimiento de las obligaciones financieras de los hogares es una señal de alarma: cada vez más trabajadores destinan una parte importante de sus salarios al pago de créditos, préstamos y compromisos bancarios, lo que reduce su capacidad para cubrir las necesidades básicas.
Emergencia energética y tarifas congeladas
El tercer punto de la agenda opositora era la declaración de la emergencia energética, una iniciativa que contempla el congelamiento de las tarifas de electricidad y agua durante 180 días para aliviar el peso de los servicios públicos sobre los presupuestos familiares.
El diputado fundamentó el planteo en los fuertes incrementos registrados durante la actual gestión provincial. Según los porcentajes que mencionó, la electricidad acumuló un aumento del 1.400%, mientras que el servicio de agua subió un 500%. «Hubo un gran incremento en esta gestión: un 1.400% de aumento de la luz y un 500% del agua. Eso tiene un peso muy fuerte en la canasta total que hoy tiene una familia», señaló.
En su análisis, el encarecimiento de los servicios públicos está directamente relacionado con el deterioro de la economía doméstica y con la creciente necesidad de recurrir al endeudamiento para sostener los gastos mensuales.
El caso del bono municipal que no llegó a las manos de los trabajadores
Como ejemplo concreto de la dimensión que alcanzó el problema, Moser se refirió a lo ocurrido con el bono de $200.000 que otorgó la Municipalidad de Resistencia a sus empleados. Según relató, una parte importante de los trabajadores municipales no habría podido disponer del beneficio por los descuentos que el Nuevo Banco del Chaco aplicó sobre las cuentas donde se depositó el dinero.
El legislador indicó que la situación derivó en un comunicado oficial del municipio, en el que se pidió disculpas a los trabajadores y se explicó que los fondos habían sido transferidos a la entidad bancaria con la indicación de que se trataba de un importe intangible y que no debía ser afectado por descuentos.
«La mayoría de los trabajadores no vio ese bono de $200.000. El municipio tuvo que sacar un comunicado oficial pidiendo disculpas porque el banco descontó el dinero, pese a que se había transferido con la indicación de que era intangible», sostuvo.
A partir de ese episodio, Moser planteó dos cuestiones centrales. Por un lado, cuestionó la falta de coordinación entre los gobiernos provincial y municipal, ambos encabezados por dirigentes del radicalismo. Por otro, afirmó que el caso expone la gravedad del endeudamiento que afecta a los trabajadores. «Esto evidencia la falta de articulación entre los propios gobiernos políticos, el provincial y el municipal. No pueden coordinar entre ellos», expresó.
Para el diputado, el endeudamiento dejó de ser una cuestión individual para convertirse en un problema social que exige respuestas legislativas y políticas públicas específicas. «Terminar el año sin poder tratar el tema del endeudamiento familiar, sin darle a las familias herramientas para que puedan seguir adelante, la verdad que es vergonzoso», afirmó.
Críticas a la agenda parlamentaria y al Presupuesto 2027
Moser también cuestionó que la agenda legislativa se concentre en iniciativas que, desde su perspectiva, no ofrecen soluciones inmediatas a los problemas económicos de la población. En ese sentido, mencionó el tratamiento de proyectos que consideró alejados de las prioridades sociales, como el vinculado con la regulación de Claro TV. «No tiene sentido que sesionemos leyes que no terminan repercutiendo en una ayuda concreta para las familias endeudadas, las pymes y los comerciantes», remarcó.
Consultado sobre el Presupuesto 2027, el legislador manifestó que espera que exista un acuerdo político para incorporar la iniciativa al temario de la sesión prevista para el 25 de noviembre. «Creo que vamos a llegar a un acuerdo para que el presupuesto esté en el orden del día del 25 de noviembre. Después, cada uno tendrá la posibilidad de votar a favor o en contra», señaló.
Sin embargo, adelantó que su espacio tiene objeciones importantes al proyecto presentado por el Gobierno provincial, al que calificó como un presupuesto de ajuste. Entre los principales cuestionamientos mencionó el incremento previsto del endeudamiento público, la distribución de los recursos destinados a la obra pública y las proyecciones salariales para los trabajadores estatales.
