Los gremios fueron a pedir el bono de fin de año y volvieron con una fecha y un condicionante: los números de la coparticipación que, según el Gobierno, otra vez vienen en baja. Qué pasará con la cláusula gatillo que vence el 31 de diciembre.","score_social":68,"score_web":62,"gancho_usado":"CAUSA
La reunión entre el Ejecutivo provincial y los gremios UPCN y ATE terminó sin cifras. El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Hacienda, Juan Marchetti, no confirmaron montos para el bono de fin de año que reclaman los trabajadores estatales, y la definición quedó postergada hasta el 26 de noviembre, cuando las partes vuelvan a sentarse.
El argumento oficial que frenó cualquier anuncio es la coparticipación: según el planteo del Gobierno, los ingresos vienen otra vez en baja. Del encuentro participaron únicamente los dos gremios convocados.
Qué dijo ATE tras la reunión
El secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, contó a El Ancasti que el bono se conversó y que el gremio volvió a insistir con el pedido que viene reclamando desde hace tiempo. Según su relato, el Ejecutivo sostuvo que los números de la coparticipación están en caída y que esperarán los datos que llegarían en los próximos días antes de resolver.
“El día 26 estaríamos confirmando, de acuerdo a los números, qué es lo que se pueda dar”, explicó el dirigente. Y evitó adelantar cifras: “Hoy no se puede decir un bono de 100, un bono de 200 o de 300”, sostuvo, porque el monto dependerá de los ingresos que lleguen.
A quiénes apuntan que llegue el beneficio
Lo que sí remarcó Arévalo es que la intención es que el bono alcance “sobre todo a los de más abajo, a los que menos tienen”, un sector que, describió, carga con el mayor endeudamiento. A su entender, el pago tendría que servir para que esos trabajadores cubran al menos algunas deudas, y anticipó que los gremios seguirán insistiendo en ese punto.
Sobre lo que esperan del Ejecutivo, planteó que el monto debería estar “a la altura al menos del costo de vida” y que el objetivo es “un bono como para que la gente pueda tener una expectativa de desendeudarse un poco”, en medio de la pérdida de poder adquisitivo.
La cláusula gatillo y el calendario que se viene
En diciembre corresponde cobrar la actualización por la cláusula gatillo, que el dirigente estimó en 4,1%. Admitió que ese porcentaje “de alguna manera no es lo que tendría que ser” para el bolsillo del trabajador, aunque lo definió como “un alivio” que se complementaría con el bono.
El esquema de actualización por inflación vence el 31 de diciembre. Por eso, en enero los gremios deberán sentarse a discutir la paritaria para que rija desde febrero, con el inicio de clases y los ingresos de coparticipación entre las variables.
El antecedente de julio
El bono extraordinario más cercano fue el de $100.000 que el Gobierno anunció en julio, por única vez y en una sola cuota, para los trabajadores de la Administración Pública Provincial y para los empleados de planta permanente de los 36 municipios, con financiamiento de la Provincia. Los gremios habían pedido ese beneficio y lo celebraron cuando se confirmó.
Ahora Arévalo pidió que el bono llegue a “todos los empleados, tanto provinciales como municipales”, en un momento en que “la mayoría de los trabajadores están endeudados”. Reconoció que “hoy no es todo color de rosa”, aunque sostuvo que la riqueza de las regalías mineras y los recursos naturales “se deben también repartir en los que son los dueños de la riqueza, que somos los catamarqueños”. Desde ese argumento, afirmó que “se puede desde ahí girar fondos para un bono que es por única vez”.
Tarifas, aguinaldo y el 20 del mes
El gremio ya había recorrido los municipios en una ronda por la recomposición salarial, que según valoró funcionó como un aliciente frente a la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, con las nuevas subas de tarifas “quedamos otra vez en el mismo lugar que estábamos”, lamentó, una situación que se agrava para quienes tienen problemas de salud: “Claramente no alcanza para llegar al 20 del mes”.
Consultado por el aguinaldo, Arévalo descartó que deba ser motivo de negociación. “No debería ni conversarse”, advirtió, porque se trata de “un derecho y una obligación de la patronal, no es un favor”. El pago, agregó, es una cuestión de los municipios y del Gobierno: “Tienen que pagarlo, como sea, y es una problemática de ellos”.