El bullying y las fotos sin permiso ya son delito: la advertencia de la Defensora de Jujuy

La Defensora General de Jujuy, Gabriela Burgos, puso sobre la mesa una advertencia que sacude a las escuelas: el acoso escolar, las agresiones físicas y la difusión de imágenes sin consentimiento ya están contemplados en el Código Penal. Lo hizo al analizar cómo impacta en la provincia el nuevo Régimen Penal Juvenil.

"Es una ley que no responde a la realidad de las provincias del interior, menos de la nuestra", disparó la funcionaria, que cuestionó el alcance federal de la norma. Según su lectura, las dinámicas delictivas de Jujuy no se equiparan a las del Conurbano bonaerense, Santa Fe o Córdoba. Aun así, reconoció que la baja en la edad de punibilidad meterá en la esfera procesal a un grupo etario que antes quedaba afuera.

Burgos también apuntó al rol del Estado antes de llegar a la Justicia: "Si un niño es ingresado a un proceso penal por un delito es porque las redes de contención que tiene el Estado en distintos programas no han funcionado". Para la Defensora, la clave es detectar dónde se rompió esa protección.

Qué conductas quedan alcanzadas

Consultada por los episodios de violencia entre menores, Burgos fue tajante: el bullying, las peleas y las corridas a la salida de los colegios encuadran de lleno en el Código Penal. "Pueden ser una amenaza, pueden ser lesiones digitales, lesiones o las riñas que se hacen a la salida de los colegios", enumeró, y subrayó que los entornos virtuales condicionan cada vez más la conducta de los chicos.

El foco también apuntó al uso de la tecnología. La titular del MPD remarcó que hay que "hacerles entender también a los chicos que el uso de la imagen y la subida a las redes de esas imágenes sin el consentimiento de la otra parte constituye un delito". En ese marco, destacó la tarea preventiva de la Oficina de Bullying, que depende de la Secretaría de Niñez, para trabajar en las escuelas.

Capacitación para docentes y padres

Para llevar el mensaje a la comunidad educativa, Burgos confirmó que se reunió con la Ministra de Educación para coordinar jornadas de capacitación a cargo de defensores y fiscales. El objetivo es que docentes y padres conozcan "cuál es la implicancia y cómo se ha abierto y cuál es el campo de actuación que ahora se tiene" frente a un hecho delictivo en el ámbito escolar.

En cuanto a la infraestructura, la provincia cuenta con el Centro de Admisión y Derivación (CAD) en la capital y dos centros socioeducativos: uno en San Pedro y otro en San Salvador de Jujuy, este último en refacciones. Burgos reveló que hay conversaciones con el Ministerio de Seguridad y el Ejecutivo para "adaptar algún otro espacio, llegado el caso de que se produzca algún proceso que concluya con una condena de privación de la libertad". Hasta ahora, aclaró, no se registró ningún caso de ese tipo.

La alerta por la falta de fondos

El cierre fue con una señal de alarma: la ley nacional prevé partidas presupuestarias que el Ejecutivo central no garantizó. "En el presupuesto que se ha presentado al Congreso de la Nación no está incluida esta partida", denunció Burgos, lo que complica la asignación de recursos para las provincias. Ante ese escenario, la Defensora mantuvo encuentros con el Ejecutivo jujeño y con Defensores Generales de todo el país para analizar "cómo ante la ausencia del Gobierno Nacional tendrán que las provincias asumir esa responsabilidad" y sostener la operatividad del régimen.