El cabello que quedó en la mano de Paulina Lebbos apunta a una familia y la Corte ya tomó una decisión

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso del fiscal Carlos Sale y convalidó la reapertura de una línea de investigación que había quedado postergada durante dos décadas: ahora, la Justicia deberá determinar si el entorno de una familia vecina guarda la respuesta sobre el crimen de Paulina Lebbos.

El fallo del alto tribunal provincial respaldó punto por punto la sentencia de la Sala III de la Cámara Conclusional, que había ordenado profundizar la pesquisa sobre Jorge Hernán Jiménez, su padre Juan Pedro Jiménez y su hermano Juan Marcelo Jiménez. Con esa decisión, el expediente regresa formalmente a una fiscalía de instrucción y el caso no queda archivado.

La prueba científica que cambió el eje

Los vocales Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica sostuvieron que Paulina murió por asfixia mediante estrangulamiento manual y que durante la maniobra homicida se defendió. El respaldo está en el cabello hallado en su mano derecha y en otro rastro levantado de su remera.

Las pericias N° 3127 y N° 3149, firmadas por la bioquímica Lilia Moyano, concluyeron que ambas muestras biológicas presentaban características coincidentes a nivel macro y microscópico con los cabellos de Jorge Jiménez. Ese dato técnico cobró un peso ineludible en el debate oral y, según los jueces, la instrucción inicial nunca lo profundizó.

Llamados, hostigamiento y una admisión clave

A la evidencia biológica se sumaron testimonios del círculo íntimo de la víctima. María Sofía Lebbos y la declaración incorporada de Rosa del Carmen Racedo, madre de la joven, recordaron que Jorge Jiménez y su padre acosaban a Paulina con invitaciones y llamados. Los registros analizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria confirmaron comunicaciones no contestadas desde la línea de Juan Pedro Jiménez hacia el celular de la víctima en vísperas de su desaparición.

En el debate, el propio Juan Pedro Jiménez reconoció haber llamado a Paulina y, al ser confrontado con sus declaraciones de 2006, admitió ante los magistrados haberla invitado a salir: “puede ser que sí porque era una mujer y yo un varón”.

Los vehículos que coinciden con el recorrido final

La Cámara y la Corte también ponderaron la plataforma material y logística de los Jiménez. Juan Marcelo Jiménez admitió que por entonces manejaba un Renault 9 rojo para hacer viajes de pasajeros, un vehículo análogo al señalado en las descripciones del remise abordado a la salida del boliche. Su padre contaba con un camión Scania que solía dejar estacionado frente al monoblock de calle Estados Unidos.

Durante el debate, los jueces reprocharon que la fiscalía hubiera insistido en atribuir a Soto el traslado de un cadáver hacia Tapia sin vehículo ni carnet de conducir, omitiendo cotejar los movimientos de los vecinos directos que vivían en el mismo complejo habitacional.

El intento del fiscal y el revés en la Corte

En su recurso de casación, el fiscal Carlos Sale atacó duramente la reapertura del legajo y la calificó de “inoficioso (por no decir ridículo) pretender llevar a cabo hoy, a veinte años vista, las medidas investigativas” sobre los Jiménez.

La Corte Suprema de Justicia, a través del voto de Claudia Sbdar —al que adhirieron Stella Maris Arce y Wendy Kassar—, desestimó de plano el agravio fiscal. El tribunal remarcó que los acusados “reúnen indicios con la entidad suficiente como para profundizar la investigación” y que los magistrados tienen el deber legal de denunciar cualquier hecho con apariencia delictiva perseguible de oficio.

El fallo encuadró la pesquisa en una manda de “debida diligencia reforzada” que el Estado no puede eludir en crímenes contra las mujeres. Citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Campo Algodonero” y “Fernández Ortega”, y advirtió que las autoridades judiciales y de persecución tienen la obligación estricta de agotar todas las líneas posibles para esclarecer la verdad y sancionar a los culpables.

Con esta convalidación técnica, el crimen de Paulina Lebbos no pasa al archivo definitivo: el expediente vuelve a una fiscalía de instrucción con el mandato judicial de determinar si en el entorno de la familia vecina reside, finalmente, la respuesta que Tucumán espera desde hace dos décadas.