El Caburé: tres apelaciones para sacar a dos empresas de la causa y el tribunal ya tiene la pelota

La causa por presuntas irregularidades en el campo estatal conocido como El Caburé sumó un nuevo capítulo procesal: el fiscal de Instrucción N.º 1 de la Segunda Circunscripción, Leandro Estrada, la Fiscalía de Estado y el exfuncionario Ricardo André Bazla apelaron la resolución que sostiene a las empresas Galia Norte y San Jorge Cereales como querellantes.

El planteo se formalizó en una audiencia realizada en el Colegio de Jueces, donde las tres partes pidieron que se revoque la decisión del juez de Garantía N.º 1, Alfredo Cuello, que había rechazado el pedido para dejar afuera del expediente a las dos firmas.

Qué se investiga en El Caburé

El expediente arrancó en diciembre de 2025 y gira en torno a presuntas irregularidades en la administración de un campo de 1.997 hectáreas que pertenece al Estado provincial, sobre la Ruta Provincial N.º 27.

El corazón del caso está puesto en la cosecha de maíz que había en el predio cuando el Gobierno recuperó la posesión, en abril de 2024. La hipótesis fiscal sostiene que, tras esa recuperación, se recolectó y se retiró grano sin los procedimientos administrativos que correspondían y sin una rendición de cuentas que permitiera saber cuánto se juntó y adónde fue a parar.

Un dato que pesa en la investigación es la declaración de un trabajador, que aseguró haber trasladado cerca de 40 camiones de maíz a un campo vecino.

En diciembre de 2025 fue imputado Darío Oviedo Helfenberger por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En marzo de 2026 la investigación alcanzó también a Bazla, a quien la Fiscalía vinculó con la presunta defraudación al Estado. Los dos ejercen su defensa dentro del proceso.

Por qué quieren apartar a las empresas

Estrada fundamentó su apelación en que el damnificado por los presuntos delitos contra la administración pública es el Estado provincial, y no las compañías que pretenden intervenir como querellantes.

Flavio Ávila, en representación de la Fiscalía de Estado, pidió que se deje sin efecto la decisión de Cuello. A su criterio, el juez excedió sus facultades y la resolución afecta las atribuciones del Ministerio Público Fiscal. Además insistió en que el Estado provincial es el damnificado en la causa.

El abogado defensor de Bazla, Bautista Rivadera, también reclamó que se aparte a las firmas. Sostuvo que no hay intereses privados que justifiquen su intervención y advirtió que la participación de las empresas podría fragmentar el objeto procesal. Sumó otro argumento: las diferencias entre las teorías del caso, las calificaciones legales y los hechos que plantean las querellas y la Fiscalía, algo que, según dijo, perjudica la estrategia defensiva.

La respuesta de las querellas y de la defensa de Oviedo

Los representantes de Galia Norte y San Jorge Cereales pidieron que las apelaciones se rechacen. Argumentaron que los recursos son improcedentes, que no tienen fundamentos y que no precisan agravios concretos. También señalaron que el Código Procesal contempla mecanismos para llegar a una acusación única cuando existen distintas teorías sobre los hechos.

Gustavo Reviglio, defensor de Oviedo, se opuso a los planteos de los apelantes. Afirmó que su defendido tiene que poder defenderse de todas las acusaciones y calificó la discusión sobre la participación de las empresas como abstracta y contradictoria en esta etapa del proceso.

El tribunal integrado por María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Diego Herrera anticipó que dará a conocer su resolución dentro del plazo legal.