El Cadillal: el fin de una concesión que abre un misterio energético en Tucumán

El vencimiento de la concesión del complejo hidroeléctrico de El Cadillal, previsto para el 31 de julio, mantiene en vilo al Gobierno de Tucumán, que aguarda definiciones de la Nación mientras analiza alternativas para acceder a energía más barata y generar recursos para nuevas inversiones.

Tras una semana de optimismo por los avances en obras hídricas, la incertidumbre regresó a la Casa de Gobierno. En el Ejecutivo provincial consideran posible que la Nación opte inicialmente por extender la concesión vigente, una estrategia ya utilizada en procesos similares.

No obstante, áreas técnicas elevaron propuestas para avanzar hacia un modelo que incorpore participación provincial. El objetivo es acceder a energía a valores más bajos que los actuales precios de mercado y generar excedentes económicos para financiar mejoras.

¿Qué pasó con la presa lateral número 3?

El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Marcelo Nazur, lideró la reparación de la presa lateral número 3, una obra que demandó más de dos años y fue ejecutada por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Sabavisa SA y Conorvial SA.

La semana pasada, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto oficial tras la autorización del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) para elevar la cota máxima de almacenamiento a 607,50 metros sobre el nivel del mar. La intervención, dispuesta por Jaldo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia en 2023, respondió al riesgo por grietas en la estructura.

La obra demandó una inversión superior a los $15.300 millones. Según evaluaciones oficiales, solucionó el problema, aunque el Orsep recomendó un seguimiento permanente.

La demanda judicial por los fondos

La Fiscalía de Estado, dirigida por Gilda Pedicone, mantiene una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Enrique Alonso Reguera. El reclamo busca recuperar los fondos que la Provincia destinó a las obras ejecutadas.

La posición del Gobierno tucumano sostiene que el contrato firmado en la década de 1990 establecía que Hidroeléctrica Tucumán SA debía asumir ese tipo de trabajos. La empresa, sin embargo, rechaza esa interpretación y argumenta que los términos económicos de la concesión no le permitían afrontar una inversión de esa magnitud.

El rol del Ministerio de Economía y las alternativas

El tercer frente de trabajo se desarrolla en el Ministerio de Economía, conducido por Daniel Abad, que lleva adelante conversaciones con el Gobierno nacional. “Estamos esperando que se nos comunique qué se va a hacer”, indicaron fuentes oficiales.

Mientras aguardan definiciones, en Tucumán ya comenzaron a elaborarse alternativas. Una de ellas fue planteada formalmente el año pasado por el interventor del Ersept, José Ricardo Ascárate, durante una audiencia con el entonces secretario de Energía de la Nación, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo. Ascárate propuso que las centrales de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo regresaran a la órbita provincial.

Las autoridades aclaran que no se trata de un proyecto cerrado, sino de una propuesta abierta a modificaciones. Entre las alternativas aparece un nuevo modelo concesionario que permita a la Provincia intervenir en la fijación de condiciones, o contratos de abastecimiento entre generadoras y la distribuidora local, modalidad ya implementada en otros puntos del país.

Todas las variantes buscan aprovechar la flexibilización del mercado energético: desde este año, las distribuidoras pueden adquirir hasta el 25% de la energía que requieren fuera del sistema administrado por Cammesa.

Por ahora, el desenlace permanece abierto y las decisiones finales siguen dependiendo de las definiciones que adopte la Nación.