El Calafate en alerta: piden ver la letra chica de un proyecto hotelero que toca un área protegida
El Gobierno celebra una inversión de 90 millones de dólares, pero desde los alojamientos de El Calafate advierten que hay algo que todavía nadie les mostró. Ya hicieron el pedido formal y aseguran que siguen esperando.
El Gobierno de Santa Cruz lo presenta como una inyección de capital privado y una usina de empleo. Pero en El Calafate hay quienes quieren leer las letras chicas antes de sacar conclusiones. La Asociación de Alojamientos Temporarios de El Calafate (ACATEC) reclamó conocer en detalle el proyecto hotelero que avanza sobre la Península de Magallanes y advirtió sobre el impacto que podría tener en la actividad turística local y en un territorio considerado ambientalmente sensible.
Qué dice el decreto que encendió la mecha
El Decreto Provincial 0915/2026, publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre, autorizó por única vez y con carácter excepcional la transferencia de un inmueble en la región de Península de Magallanes desde Lacustre del Sud S.A. hacia ASB Hospitality Calafate SAU. El objetivo: poner en marcha el denominado “Master Plan Ecocentro”.
El gobernador Claudio Vidal ya había anticipado semanas atrás una inversión privada superior a los 90 millones de dólares vinculada al turismo, que generaría unos 300 puestos de trabajo para los santacruceños. Con el decreto firmado, el debate sobre el uso de un área protegida para desarrollo privado quedó formalmente abierto.
El reclamo del sector: “No discutimos la inversión, discutimos el modelo”
ACATEC aclaró que su postura no implica rechazar la llegada de nuevas inversiones. Lo que piden es discutir qué tipo de desarrollo turístico necesita El Calafate y qué consecuencias puede tener sobre la actividad que hoy sostiene al destino.
Uno de los ejes del cuestionamiento es la capacidad de alojamiento existente. Desde la entidad señalaron que la ciudad atraviesa “dificultades vinculadas con la ocupación, la duración de las estadías y los márgenes de rentabilidad de los establecimientos que ya funcionan en la localidad”. Por eso quieren saber cuál será el impacto de sumar nuevas plazas a un mercado que ya tiene una oferta significativa.
Las preguntas que siguen sin respuesta
El planteo excede lo comercial y apunta a las condiciones ambientales y territoriales de Península de Magallanes, un área protegida donde cualquier intervención debe cumplir restricciones específicas.
Según trascendió a TiempoSur, la entidad solicitó “conocer el proyecto arquitectónico completo, la superficie de territorio y bosque que será intervenida, el consumo proyectado de agua, el sistema previsto para el tratamiento de efluentes, la gestión de residuos y la demanda energética”. También pidieron precisiones sobre “los accesos, el tránsito que generará el emprendimiento, los caminos y nuevas infraestructuras necesarias y la relación visual y distancia respecto del glaciar Perito Moreno”.
El listado incluye además la necesidad de acceder a la Declaración de Impacto Ambiental completa, los dictámenes técnicos ambientales y el plan de manejo aplicable al área. La asociación aseguró que ya presentó un pedido formal de información ante el Consejo Agrario Provincial y que hasta el momento no recibió respuesta.
Un debate que llega en plena apuesta al turismo
La discusión aparece en un momento en que Santa Cruz busca ampliar el peso del turismo dentro de su matriz productiva. El Gobierno provincial insiste en que el sector es una herramienta para diversificar la economía y atraer inversiones privadas. Desde el empresariado que ya opera en la provincia, en cambio, advierten de manera constante sobre la falta de políticas en materia de desarrollo turístico.