El Calafate estalló contra un decreto que habilitó una operación extranjera en Península Magallanes

La Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate se sumó este lunes a la ola de rechazos contra el Decreto Provincial 915/2026, la norma que autorizó de manera excepcional una operación con capitales extranjeros dentro del Área Natural Protegida Península Magallanes.

A través de un comunicado, la entidad expresó su "más enérgico y categórico rechazo" y apuntó menos contra la operación en sí que contra la metodología: sostiene que la decisión se adoptó sin consultar a los actores locales.

El pronunciamiento se acumula a las críticas que ya habían formulado en los últimos días otras entidades de la villa turística, concejales y legisladores provinciales, todos apuntando a la falta de información y de participación comunitaria en el proyecto.

"A espaldas de la comunidad"

El eje del malestar es que las instituciones locales habían participado en la elaboración del Plan de Manejo de Península Magallanes. Según la Cámara, la decisión actual da por tierra con ese trabajo previo.

"Resulta inadmisible que las instituciones locales hayamos sido convocadas para aportar argumentos técnicos y sólidos en la elaboración del Plan de Manejo del Parque Provincial Península de Magallanes, para que hoy, de forma unilateral y a espaldas de la comunidad, se eche por tierra una reglamentación responsable por la que se trabajó con absoluto ahínco", señala el documento.

Para la entidad, fijar una excepción sin los sectores que intervinieron en aquella planificación constituye un retroceso. "Legislar y emitir excepciones de esta gravedad a espaldas del sector productivo local constituye un grave retroceso institucional", afirmaron.

El argumento de la seguridad jurídica

La Cámara llevó además la discusión al terreno de la seguridad jurídica y reclamó que cualquier política vinculada al desarrollo turístico de El Calafate y su entorno se defina mediante mecanismos de consulta e intercambio entre el Estado y los sectores involucrados.

"Nuestra institución sostiene de manera inclaudicable que el diálogo y el intercambio de ideas son los únicos caminos legítimos para el crecimiento de un destino", expresó la entidad, que pidió "un modelo de desarrollo donde el Estado actúe como un facilitador que escuche y respete al sector privado".

El comunicado cuestiona especialmente las decisiones que considera centralizadas y advierte que pueden vulnerar "la seguridad jurídica y las normativas vigentes que protegen nuestro patrimonio".

Un frente empresario que se amplía

La posición de la Cámara suma una nueva voz del sector privado al debate abierto desde la publicación del Decreto 915. En los últimos días, ACATEC reclamó información sobre el proyecto, su escala, los estudios ambientales y el posible impacto sobre la oferta turística existente, mientras que AGUISAC pidió suspender cualquier avance hasta que se conozca toda la documentación.

En el plano institucional, el Concejo Deliberante de El Calafate también planteó cuestionamientos por la falta de participación de la comunidad. La Cámara de Diputados provincial, en tanto, aprobó por unanimidad un pedido para que el Poder Ejecutivo remita en un plazo de 24 a 48 horas el expediente completo y todos los antecedentes que dieron origen al decreto.

Con este nuevo pronunciamiento, el reclamo vuelve a poner en el centro de la escena no solo la operación autorizada en Península Magallanes, sino también cómo se toman las decisiones sobre un territorio estratégico para El Calafate y qué lugar tendrán las instituciones locales en la definición de su futuro.