El calamar que sostiene la ocupación británica de Malvinas: la cifra millonaria que casi nadie mira
Un dato que sale de las islas lo explica todo: en 2025, la administración británica recaudó £16,5 millones solo por dejar pescar una especie. Detrás de la cifra hay una estructura que se financia temporada tras temporada. ¿Quién cobra y por qué casi no se habla de esto?
La disputa por Malvinas tiene una pata económica que se renueva cada temporada de pesca. En 2025, la administración británica de las islas recaudó £16.519.098 netos solo por licencias para capturar calamar Illex, según documentación oficial del Consejo Ejecutivo isleño.
Los permisos alcanzaron a 107 buques, lo que arroja un promedio de £154.384 por embarcación. El dato fue puesto sobre la mesa por el periodista Armando Cabral en el programa La Licuadora, donde subrayó el peso de la actividad pesquera como sostén de la ocupación.
La cifra corresponde únicamente al cobro de autorizaciones para explotar una especie. No refleja el valor comercial de las capturas ni el total del negocio pesquero, que es bastante más amplio.
Una fuente de financiamiento que no se detiene
Para 2026, la administración proyectó recaudar £16.816.983 netos por permisos de Illex, tomando como escenario la continuidad de los mismos 107 buques de la campaña anterior. Se trata de una estimación: el resultado final depende de cuántas licencias se acepten efectivamente y de las condiciones de cada embarcación.
El segmento del Illex opera sobre todo con poteros vinculados a empresas surcoreanas y taiwanesas. Es un circuito distinto al del calamar Loligo, asociado a compañías españolas y a sociedades registradas en las islas bajo un esquema de cuotas.
Los recursos que ingresan por esta vía contribuyen a sostener la administración establecida por el Reino Unido. El propio Departamento de Pesca reconoce que el desarrollo del sector permitió alcanzar autosuficiencia económica en las áreas de gobierno, con la excepción de defensa y relaciones exteriores.
La dimensión fueguina
Para Tierra del Fuego, el asunto toca una parte de su propio territorio: la legislación argentina incluye expresamente a Malvinas dentro de los límites provinciales. La ocupación británica impide el ejercicio efectivo de esa jurisdicción.
Desde esa perspectiva, discutir soberanía también implica mirar quién autoriza la explotación, quién recauda y cómo esos ingresos consolidan la estructura administrativa de la ocupación.
Mientras el petróleo concentra expectativas y anuncios, la pesca ya genera recursos concretos. El desafío para la política argentina es traducir el reclamo territorial en herramientas capaces de incidir sobre ese circuito económico.
