El 'call center tumbero' que operaba en un penal de Villa María recibió duras condenas: el exdirector, a 9 años y medio de prisión
La Justicia de Córdoba condenó a 25 de los 27 integrantes del 'call center tumbero' que estafaba desde la cárcel de Villa María. ¿Quiénes fueron absueltos y cuántos años recibió cada uno? Los detalles que nadie contó.
La Justicia cordobesa dio un golpe contundente contra la organización que montó un centro de estafas telefónicas dentro del Establecimiento Penitenciario Nº 5 de Villa María. El exdirector del penal, Andrés Aciar, fue condenado a nueve años y medio de prisión y deberá pagar por su rol como jefe de una asociación ilícita.
¿Quiénes fueron los principales condenados?
La Cámara en lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación de Córdoba dictó sentencia para los cabecillas de la banda. Aciar, de 47 años, no solo recibió la pena más alta sino que también fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos: la inhabilitación se extiende por 19 años.
Edgar Ezequiel Arroyo, exjefe de Seguridad del penal, fue condenado a ocho años y tres meses de cárcel. Sebastián Ezequiel “Pitu” Moyano, preso y líder del Pabellón 11, deberá cumplir seis años y diez meses, con declaración de reincidencia.
Otros dos expenitenciarios también cayeron: Oscar Pablo Figueroa, oficial de la Segunda Compañía, y Santiago Mauricio “el Duende” Martín, expolicía de Bell Ville que se desempeñaba como “topo” filtrando información. Ambos recibieron cinco años y seis meses de prisión. Martín, además, fue hallado culpable de violación de secretos.
La caída del resto de la red
Sofía Macarena Moyano y Ulises Nicolás Moyano, sobrina e hijo de “Pitu”, fueron condenados a cinco años y tres meses. Pero no todos corrieron la misma suerte: el exsubdirector Néstor David “Chino” Gómez y el expolicía Mauricio Marcos Agüero fueron absueltos y recuperaron la libertad.
La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Enrique Gavier, se inició tras una denuncia del propio Servicio Penitenciario. Los allanamientos en oficinas y domicilios particulares fueron clave para desarticular la organización que operaba desde la cárcel.
¿Qué pedía el fiscal?
En junio, el fiscal Gustavo Arocena había solicitado penas menores: ocho años para Aciar, siete para los penitenciarios y menos tiempo para los demás. El tribunal fue incluso más severo en algunos casos, aunque absolvió a dos acusados.
El juicio oral comenzó en febrero y se extendió por cinco meses de audiencias donde se escucharon numerosos testimonios.
En total, de las 27 personas involucradas, 25 fueron condenadas. La mayoría ya había aceptado su responsabilidad en un juicio abreviado previo, pero los líderes de la organización recién ahora conocieron su destino.