El cambio de una sola frase que puede redefinir el acceso a la tierra en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura un proyecto que toca un solo artículo del Código de Tierras Fiscales, pero su efecto puede ser mucho más profundo de lo que parece. La iniciativa, que lleva el número de expediente 18501, propone reemplazar el artículo 1° de la Ley 263 y, con ello, cambiar las reglas de juego para quién puede acceder a la tierra pública provincial.

La modificación no altera los otros cincuenta artículos de la norma, pero sí interviene en el punto de partida de toda la ley. Ese artículo define el espíritu con el que se interpreta el resto del texto, y el nuevo redactado introduce una restricción que hasta ahora no existía.

¿Qué dice el nuevo artículo?

El texto propuesto mantiene la idea de función social, pero la amplía. Establece que la tierra fiscal no debe ser tratada como un bien de renta, sino como un instrumento para el trabajo, el arraigo y el desarrollo productivo. En esa línea, la adjudicación debería ser progresiva y orgánica, orientada a los auténticos trabajadores del campo y a proyectos que generen actividad y empleo.

La iniciativa también incorpora objetivos como la protección del campesinado, la reactivación de la tierra fiscal y el incentivo a emprendimientos ganaderos, agrícolas, forestales, turísticos, industriales o de agregado de valor. Todo, bajo una lógica de desarrollo sostenible y protección de los recursos naturales de la provincia.

La restricción que genera debate

El punto más fuerte aparece al final del artículo. La ley actual ya prohíbe entregar tierra rural a sociedades con fines de lucro, exige que el adjudicatario explote el predio por cuenta propia y resida en él, y declara nulas las transferencias no autorizadas. Pero no decía nada sobre la nacionalidad.

El proyecto de Figueroa agrega que “sólo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o en arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas”. Por primera vez, el Código incluiría la nacionalidad como requisito para acceder a tierra pública provincial. Ese punto es el núcleo político de la reforma y apunta a evitar que capitales externos se queden con el suelo neuquino.

¿Cuál es el argumento del Ejecutivo?

En la exposición de motivos, Figueroa sostiene que la tierra es un recurso finito y no renovable. Permitir una adquisición irrestricta por parte de capitales internacionales podría subordinar políticas productivas o ambientales a intereses externos. El gobernador también advierte sobre el riesgo de concentración de suelo en manos no nacionales, lo que afectaría la integridad territorial y el control del Estado sobre la matriz productiva.

La reforma se apoya en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen las competencias provinciales no delegadas y el dominio originario sobre los recursos naturales. Esa es la base para sostener la soberanía provincial sobre la tierra fiscal.

El proyecto ingresó por Mesa de Entradas el 3 de agosto y fue dirigido a la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina. Todavía no tiene giro a comisiones ni fecha de tratamiento, así que el debate legislativo recién comienza.

La discusión se da en paralelo a la Ley de Tierras a nivel nacional, y la propuesta neuquina aparece como una señal política clara: la provincia quiere reforzar su propio criterio para proteger su patrimonio. El cambio no modifica toda la Ley 263, pero redefine su orientación inicial. El artículo 1° pasaría de una redacción breve a un texto con objetivos productivos, sociales, ambientales y territoriales más definidos.