El cambio en la Justicia de La Pampa que hará que la Policía llegue antes a las casas
Un año de reclamos, un cambio de circuito y una orden que ya no espera: desde noviembre, en Santa Rosa la Policía recibirá la medida urgente por sistema y saldrá directo al domicilio. Qué pasa con las exclusiones del hogar.
El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa aprobó un nuevo protocolo para notificar y ejecutar las medidas urgentes del fuero de Familia, y el cambio apunta a un objetivo concreto: que la respuesta del Estado llegue antes a las situaciones de riesgo.
La modificación, impulsada hace cerca de un año por la Defensoría General, empezará a aplicarse el próximo 1 de noviembre de 2026 en la Primera Circunscripción Judicial, con Santa Rosa como primera jurisdicción.
Qué cambia en la práctica
Hasta ahora, cuando un juez otorgaba una medida preventiva urgente o autosatisfactiva —por ejemplo, una exclusión del hogar—, la notificación pasaba primero por la Defensa. Después, el diligenciamiento quedaba en manos de esa parte y de un Oficial de Justicia, que debían trasladarse físicamente hasta el domicilio para efectivizar la orden.
La Policía recién entraba en escena en una segunda instancia: si la persona notificada se negaba a cumplir, había que convocarla en ese momento para garantizar el cumplimiento forzoso.
Con el nuevo acuerdo de los ministros del Superior Tribunal, el circuito se acorta. La medida pedida por las partes y ordenada por el magistrado se comunicará de oficio y de manera directa a la dependencia policial que corresponda a través del Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE).
La Policía, al frente del procedimiento
A partir de esa comunicación, será el personal de la Policía de la Provincia de La Pampa el que acuda al domicilio, notifique el procedimiento y haga efectiva la orden de forma inmediata. Así, la intervención inicial de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones queda desplazada.
Según el Poder Judicial pampeano, la modificación estructural busca reducir los tiempos de ejecución y asegurar que el instrumento legal cumpla con los requisitos del Código Procesal Civil y Comercial mediante un código de validación digital.
El objetivo declarado es evitar dilaciones innecesarias y optimizar la respuesta estatal frente a las situaciones de riesgo, con una protección adecuada para el justiciable.
