El cambio en la Justicia Federal que ya rige en Corrientes: quién investiga y quién decide ahora

El juez federal Gustavo Fresneda explicó cómo el nuevo Código Procesal Penal Federal transformó de raíz el funcionamiento de la Justicia en Corrientes. Lo hizo durante una jornada en la Facultad de Derecho sobre el desempeño de la Prefectura Naval, donde dio precisiones a EL LIBERTADOR.

La normativa rige desde diciembre del año pasado y establece que todos los procedimientos se desarrollen bajo la modalidad oral, un giro que cambia la dinámica de trabajo procesal de punta a punta.

Quién investiga y quién controla

Según detalló el magistrado, uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es la división de funciones durante la tramitación de las causas. La etapa de instrucción, que antes quedaba en manos de los juzgados, pasó a estar bajo la conducción directa de los fiscales.

«Uno de los aspectos nodales del nuevo esquema radica en la división de funciones durante la tramitación de las causas. Con la entrada en vigencia del nuevo plexo procesal, la etapa de instrucción -anteriormente radicada en los juzgados- quedó bajo la conducción directa de los fiscales. Ante esta reestructuración, la figura del juez de garantías asume una posición central en la fase procesal donde antes se concentraba la instrucción formal. La labor del magistrado en este modelo se focaliza en velar por el estricto cumplimiento de las garantías procesales y asegurar el derecho constitucional de defensa en juicio», puntualizó Fresneda.

Qué pasa con las víctimas

El juez también se refirió al lugar que ocupan las víctimas en este nuevo sistema. Durante la ronda de prensa, subrayó que tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito.

«Las víctimas tienen derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal en forma autónoma y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Deben recibir un trato digno y respetuoso y que se procuren mínimas molestias derivadas del procedimiento. Pueden solicitar medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés y cuentan con la posibilidad de intervenir en el proceso penal y requerir la revisión de las medidas adoptadas, aun si no hubieran intervenido en el procedimiento como querellantes», resaltó el magistrado.

La actividad en la Facultad de Derecho sirvió como marco para que Fresneda detallara los alcances de una reforma que ya está en marcha y que redefine los roles de fiscales, jueces y víctimas en el proceso penal federal.