El cambio que prepara el Gobierno en salud mental y por qué los psicólogos entrerrianos prenden la alarma
El Gobierno envió al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental que reabre la puerta a los manicomios y cambia el criterio para internar. Los psicólogos de Entre Ríos respondieron con una advertencia que apunta directo al financiamiento.
El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos salió a marcar posición frente al proyecto del Gobierno nacional que busca reformar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, y lo hizo con una advertencia que atraviesa toda la discusión: sin plata, ninguna norma funciona.
“La salud mental requiere financiamiento asegurado”, sostuvo la entidad. Y fue más allá: “más allá de cualquier formulación, debate o intento de modificación legislativa, ninguna ley puede aplicarse efectivamente sin financiamiento suficiente, sostenido y asegurado”.
El Colegio entrerriano puso el foco en lo que considera el corazón del problema. Según planteó, el acceso a la salud mental debe estar garantizado para toda la población con servicios oportunos, seguros y de calidad, pero la falta de recursos limita los dispositivos de atención, complica la continuidad de los tratamientos, sobrecarga a los equipos profesionales y termina trasladando más responsabilidades a las familias y a las redes de cuidado.
“Esto exige garantizar infraestructura, recursos humanos y materiales, y cobertura territorial adecuada”, remarcó.
Qué cambia en el texto que envió el Gobierno
El proyecto oficial modifica la denominación de los sujetos de la ley. La norma vigente habla de personas “con padecimiento mental”, mientras que la modificación enviada al Congreso reemplaza esa fórmula por “quienes presenten cualquier tipo de afección o trastorno mental”.
Uno de los puntos más sensibles es el de las internaciones. En las voluntarias se mantiene el derecho del paciente a pedir el alta en cualquier momento, pero se suma una condición: el equipo de salud podrá impedirlo si considera que la persona tiene su capacidad de juicio alterada y existe riesgo grave para sí o para terceros. En ese escenario, la internación pasa a ser involuntaria.
Para las internaciones involuntarias, el proyecto reemplaza el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” por uno más amplio: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. También incorpora la posibilidad de considerar antecedentes o la evolución futura del paciente para justificar la internación.
Quién firma y cuánto tarda en llegar a la Justicia
La iniciativa cambia quién puede firmar las internaciones involuntarias. La ley vigente exige dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psicólogo o psiquiatra. El proyecto establece que debe intervenir un médico psiquiatra y, en situaciones excepcionales, permite que un solo médico disponga la internación, con revisión posterior.
Además, modifica el plazo para notificar la internación a la Justicia: se amplía de 10 a 24 horas y se habilita una mayor intervención directa de los jueces.
El artículo 28 y la prohibición de nuevos manicomios
El artículo 28 de la ley vigente dispone que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales y que los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios para hacerlo.
El proyecto reemplaza ese artículo y postula que las internaciones también puedan realizarse en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental y en instituciones con internación especializadas en esas áreas, sean públicas o privadas. “De esta manera se busca dar respuesta a la falta de camas que, actualmente, representa un problema para garantizar la atención”, sostuvo González.
La iniciativa, además, elimina la prohibición de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, tanto públicos como privados.
La mirada entrerriana: contexto social y suicidio
Frente a esos cambios, el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos planteó que la salud mental no responde únicamente a factores individuales o intrasubjetivos, sino también a las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias. La precariedad, la incertidumbre económica y el deterioro de las condiciones de vida pueden agravar las problemáticas de salud mental, por lo que las políticas públicas deben contemplar esos factores contextuales.
“En un sistema sanitario que ya presenta dificultades estructurales, las modificaciones normativas que no estén acompañadas de inversión pública pueden profundizar las desigualdades en el acceso, incrementar la demanda sobre servicios insuficientemente equipados y agravar las condiciones de atención”, subrayó la entidad.
Y agregó un dato que le pone peso provincial a la discusión: “Frente a las graves problemáticas de salud mental que atraviesa Argentina, particularmente preocupantes en Entre Ríos por sus elevados índices de suicidio, resulta indispensable una perspectiva federal, con políticas sostenidas y respuestas interinstitucionales acordes a las necesidades de cada territorio”.
El reclamo al Estado nacional
El Colegio sostuvo que el Estado nacional debe garantizar el financiamiento y el acompañamiento necesarios para que las provincias puedan ejercer efectivamente sus responsabilidades en materia de salud. Eso, según su postura, requiere asignaciones presupuestarias concretas, mecanismos claros de distribución y garantías de ejecución efectiva, y no compromisos generales o ambiguos.
“Sin ese respaldo, se profundizan las desigualdades entre jurisdicciones y se compromete la capacidad de respuesta de los sistemas provinciales, que también deben asumir sus obligaciones en la organización y prestación de los servicios”, observó.
La inversión, planteó, también debe contemplar el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales y la promoción de entornos de trabajo saludables para los profesionales de la psicología que se desempeñan en distintos organismos y áreas del Estado, incluidos salud, educación y justicia.
Por último, la entidad expresó su “preocupación por la salud mental de nuestro propio colectivo profesional, reconociendo la importancia de cuidar a quienes trabajan diariamente en la atención y el acompañamiento de otras personas”.