El cambio que preparan en Tucumán para los adolescentes condenados: juicio en dos etapas y una jugada que nadie esperaba

La Legislatura de Tucumán tiene fecha para debatir una reforma que promete sacudir el modo en que la provincia juzga y contiene a los adolescentes en conflicto con la ley. El próximo 30 de septiembre se tratará la adaptación del Régimen Penal Juvenil, un texto que todavía espera la aprobación de los legisladores.

El dictamen salió de la Comisión de Legislación General, que preside Gerónimo Vargas Aignasse, y fue coordinado con autoridades de los tres poderes del Estado. El proyecto fija derechos para las víctimas, habilita la creación de institutos para menores y arma mecanismos de resocialización.

Un juicio partido en dos

Uno de los ejes más novedosos es cómo se desarrollará el proceso. El juicio podrá hacerse a puertas cerradas si lo pide el acusado y quedará dividido en dos instancias. En la primera, el tribunal solo se expedirá sobre la existencia del hecho, su calificación legal y la declaración de responsabilidad penal.

Cuando esa declaración quede firme, el fiscal deberá presentar un plan de reinserción social que no podrá durar menos de un año. Recién después, cumplido ese plan, se hará una audiencia de integración. Allí un magistrado distinto al del juicio original definirá la pena definitiva.

Los proyectos de reinserción se llaman Plan Individual de Transformación Personal (PITP) y contarán con un supervisor que acompañará al adolescente. Durante la elaboración del dictamen se discutió si esa figura dependía del Poder Ejecutivo o del Judicial. La decisión final: los designará exclusivamente la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Alternativas al encierro

El texto también prevé medidas provisionales y excepcionales para evitar el encierro innecesario. El artículo 402 las enumera y solo se aplicarían si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa.

Entre las opciones figuran la prohibición temporal de conducir y la retención del carnet; la prohibición de contacto físico o virtual con la víctima o testigos; la permanencia domiciliaria supervisada, con o sin tobillera; el alojamiento en dispositivos de régimen abierto los fines de semana o en franjas nocturnas; y la abstención del consumo de alcohol o estupefacientes bajo tratamiento ambulatorio, entre otras.

El alojamiento provisorio en un centro cerrado queda como "última ratio" y no podrá superar los seis meses, con una única prórroga excepcional. El dictamen prohíbe de manera absoluta alojar a menores en comisarías, dependencias policiales o establecimientos para adultos en cualquier instancia del proceso.

Qué pasará con los institutos de menores

Los establecimientos especializados deberán tener personal capacitado, condiciones dignas de alojamiento y una separación total de los presos adultos. También tendrán que garantizar la continuidad educativa, la atención permanente de la salud física y mental y el tratamiento de consumos problemáticos cuando corresponda.

Para eso, el proyecto crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil "Cura Brochero", que integrará el Sistema Provincial de Ejecución Penal Juvenil. El Gobierno provincial ya lo puso en funciones, pero la norma le daría un marco legal específico. Además, se habilita la creación de nuevos institutos a futuro.

Las víctimas tendrán derecho a ser informadas y escuchadas antes de cualquier resolución que disponga salidas alternativas, archivos o modificaciones de la pena. También podrán acceder voluntariamente a procesos de mediación o acuerdos restaurativos, donde el menor infractor podrá ofrecer una reparación del daño acorde a sus capacidades reales.

El día que cumplen 18

El régimen contempla además a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad mientras cumplen condena. Con una antelación no menor a 90 días antes del cumpleaños número 18, las autoridades deberán elaborar un "protocolo individual de transición".

Ese mecanismo busca que el eventual traslado a un penal de adultos no interrumpa los tratamientos, los estudios ni los vínculos familiares. Se trata de una adaptación del Plan Individual de Transformación Personal a las nuevas condiciones de alojamiento, sin convertirlo en un régimen meramente penitenciario.