El camión que complica a Bertolini: el fiscal frenó el pedido del empresario

El ex intendente de Plottier, Luis Bertolini, vuelve a estar en el centro de la tormenta judicial. Esta vez, un simple pedido de un empresario imputado destapó un nuevo capítulo en la causa por corrupción que lo tiene contra las cuerdas.

Todo comenzó cuando uno de los acusados solicitó que se levantara el secuestro de un camión vinculado a la investigación. Pero el fiscal Pablo Vignaroli salió al cruce y se opuso de manera contundente.

¿Por qué el fiscal dijo que no?

Vignaroli argumentó que el vehículo fue utilizado en las maniobras que se investigan y que, además, constituye una pieza clave de prueba. Pero eso no es todo: el fiscal advirtió que, si hay una condena en el futuro, el camión podría quedar sujeto a decomiso.

La fiscalía, sin embargo, no quiso dejar al empresario sin su herramienta de trabajo. Ofreció una salida: que el imputado ponga el camión a disposición de la investigación, se hagan las pericias necesarias y luego quede como depositario judicial. Así, podría seguir usándolo mientras avanza el proceso.

La jueza Álvarez escuchó los argumentos y tomó una decisión: rechazó el levantamiento del secuestro, pero contempló la alternativa propuesta por la acusación.

El trasfondo de una causa explosiva

Esta movida judicial es solo la punta del iceberg. La investigación busca destapar un sistema de contrataciones públicas amañadas durante la gestión de Bertolini al frente de la comuna de Plottier.

En abril, la fiscalía ya había formulado cargos contra Bertolini, la ex subsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez y los empresarios P.V. y M.L. La acusación es demoledora: entre enero de 2024 y marzo de 2026, los funcionarios habrían manipulado los procesos de contratación para beneficiar a estos dos proveedores de manera sistemática.

Los números son escalofriantes: al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos habrían sido otorgados en ese período. ¿El modus operandi? Invitar siempre a los mismos oferentes, que terminaban adjudicándose los negocios.

Pero las irregularidades no terminan ahí. La fiscalía detectó falta de publicidad en los procesos, incumplimiento de requisitos mínimos, contrataciones directas sin justificar urgencia, adjudicaciones sin fundamento y hasta pagos sin comprobantes de que los bienes o servicios se hubieran recibido.

Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con la función pública, en carácter de delito continuado. Bertolini y Ramírez figuran como coautores, mientras que los empresarios P.V. y M.L. son acusados como partícipes necesarios.

La causa sigue avanzando y este nuevo episodio con el camión deja en evidencia que la Justicia no afloja. ¿Qué pasará ahora con Bertolini y los demás imputados? El tiempo dirá.