El campo logró una protección clave: penas de hasta 10 años para quienes entren o dañen un establecimiento rural

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que mete de lleno el vandalismo rural en el Código Penal y que contempla penas de hasta 10 años de prisión para quienes invadan o dañen establecimientos agropecuarios. La iniciativa avanzó con 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) salió a celebrarlo y fue contundente: “El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito”, sostuvo la entidad en un comunicado.

Qué dice el comunicado de CARBAP

Para la confederación, la aprobación representa “un paso importante para fortalecer la protección de los productores y sus familias”. En ese sentido, remarcó que “la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas provoca pérdidas económicas y atenta contra meses de trabajo e inversión”.

CARBAP puso el foco en uno de los puntos que más le importan: la violación de domicilio rural. “Ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí”, señaló. Y agregó: “Detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”.

El cierre del mensaje fue un llamado a seguir empujando el tema: “Valoramos este avance legislativo y convocamos a seguir trabajando para que existan herramientas legales efectivas que protejan la producción y garanticen el respeto por la propiedad. Sin seguridad ni respeto por el trabajo, no hay desarrollo rural posible”.

Los dos delitos que incorpora el proyecto

La iniciativa penaliza dos conductas concretas: los actos de vandalismo contra elementos e infraestructura rural, y la invasión de la propiedad privada.

En el primer caso, se suma como artículo 150 bis del Código Penal, dentro del título “Delitos contra la libertad”, una pena de un mes a un año de prisión para quien invada establecimientos rurales o sus dependencias “contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.

La voluntad de exclusión se presume cuando hay cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen que no se puede entrar. Aun así, el texto aclara que no habrá delito si el ingreso responde a “una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.

El máximo de la pena sube a dos años si el ingreso entorpece la actividad productiva rural, si genera un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que están en el establecimiento, o si pone en riesgo la sanidad de los animales o los cultivos.

Daños a silobolsas e infraestructura: las penas más duras

El otro eje del proyecto castiga con prisión de dos a ocho años y una multa de tres a doce veces el valor del daño causado a quien destruya elementos que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario, como las silobolsas. La misma pena alcanza a los daños a instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua.

La pena mínima se duplica si el autor o instigador es funcionario público o si se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria. Y la pena máxima llega a 10 años cuando el hecho lo cometen tres o más personas de manera coordinada, cuando provoca la pérdida total de la producción o frena el ciclo, o cuando media la violencia.

Cómo se votó y quiénes lo rechazaron

El dictamen de mayoría tuvo varias modificaciones consensuadas entre el autor del proyecto, Martín Ardohain, y el legislador massista bonaerense Ramiro Gutiérrez. La abstención fue del diputado de Unión por la Patria Luis Basterra.

La iniciativa fue rechazada por el grueso de los diputados de UxP, la izquierda e Independencia. Ahora el proyecto deberá seguir su camino legislativo para convertirse en ley.