El campo que prometió ganancias terminó en una causa por estafa: la Justicia imputó al diputado Basualdo

Una empresaria rosarina confió en Atilio Basualdo para comprar un campo en Las Lomitas. Años después, esa inversión se convirtió en una pesadilla judicial: la Justicia Provincial avanzó con una serie de imputaciones que incluyen desde tráfico de influencias hasta estafa y fraude contra la Administración Pública.

El expediente Nº 001479/26, que tramita en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de Formosa, pone al actual diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en el centro de la investigación. La causa busca determinar cómo se desarrolló la operatoria inmobiliaria y qué rol tuvo cada uno de los involucrados.

¿Qué denunció la empresaria?

Paula Inés Paganti relató que invirtió 40 mil dólares en una operación que le fue ofrecida por el entonces intendente de Las Lomitas. Según su versión, Basualdo se encargó personalmente de la negociación y del manejo de los fondos.

“Le entregué 40 mil dólares a Atilio Basualdo para que realizara la compra y hoy me encuentro involucrada en una causa por estafa. Es una situación gravísima y un daño enorme para mi imagen”, declaró la denunciante.

Además, sostuvo que el actual legislador nacional libertario “me insistió mucho para realizar esa operación y terminó en una presunta estafa”. La empresaria aseguró que confió en el exjefe comunal lomitense para una operación inmobiliaria que, según su relato, nunca se concretó como se esperaba.

Las imputaciones contra Basualdo

La investigación avanzó con una serie de cargos que incluyen tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, falsedad ideológica y uso de documento falso, defraudación mediante el abuso de firma en blanco, coacción, estafa y fraude contra la Administración Pública.

Todo ello en el marco de una controvertida operación de compra-venta de un campo ubicado en la localidad de Las Lomitas. Según la denuncia, Basualdo habría ofrecido a la empresaria un campo fiscal y presionado a los tenedores del campo para que vendan.

¿Qué viene ahora?

Mientras la causa continúa avanzando, la Justicia deberá establecer si existieron conductas compatibles con los delitos imputados y determinar las responsabilidades correspondientes. La operación, que para la denunciante comenzó como una inversión rural, terminó convirtiéndose en una presunta estafa con derivaciones sobre el patrimonio público.