El campo redobla la presión en Diputados: el proyecto que quiere frenar los ataques a los silobolsas

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) salió a respaldar el dictamen de mayoría que consiguió en la Cámara de Diputados el proyecto para incorporar al Código Penal la figura del vandalismo rural, una iniciativa que busca ponerle penas de prisión a los ataques contra la producción agropecuaria.

La entidad que preside Pablo Ginestet valoró el paso dado en el Congreso y reclamó a los legisladores, en especial a los representantes de Buenos Aires y La Pampa, que dejen de lado las diferencias partidarias y prioricen la seguridad en el campo.

Qué castiga el proyecto

La propuesta, impulsada por el diputado Martín Ardohain (PRO), apunta a quienes dañan cultivos, silobolsas, alambrados, sistemas de riego y otros bienes esenciales para la actividad agropecuaria. El texto establece penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural contra la voluntad de su dueño.

Para los casos más graves, contempla dos a ocho años de cárcel y multas de hasta 12 veces el valor del daño causado cuando se destruya el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento. Eso incluye ataques a cereales, oleaginosas, silobolsas y cualquier unidad de almacenamiento.

El respaldo en comisión

El dictamen de mayoría se alcanzó durante un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Legislación Penal. La presidenta de esta última, Laura Rodríguez Machado, confirmó que la iniciativa reunió 41 firmas de los 66 legisladores presentes.

El texto contó con el apoyo de bloques como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Provincias Unidas, mientras que Unión por la Patria y la izquierda presentaron despachos de minoría.

“La seguridad rural no tiene partido político”

Desde CARBAP remarcaron que quienes viven y producen en el campo merecen las mismas garantías de seguridad que los habitantes de las ciudades. “Se trata de un paso importante frente a una problemática que afecta desde hace años a productores de todo el país: daños sobre cultivos, silobolsas, alambrados, instalaciones, sistemas de riego, animales y otros bienes indispensables para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Y a las familias rurales que quieren vivir con las mismas garantías de seguridad que los que viven en las zonas urbanas”, señalaron desde la organización.

La entidad fue más allá y sostuvo que la protección de la producción debe convertirse en una política de Estado. “La seguridad rural no tiene partido político. Garantizarla y brindar herramientas para prevenir y sancionar estos hechos debe ser una responsabilidad compartida por todos”, afirmaron.

Con el aval ya conseguido, la expectativa del sector agropecuario está puesta en el debate en el recinto, donde esperan que el proyecto avance y se transforme en una respuesta efectiva contra los daños que sufren los productores en sus campos.