El campo sanluiseño suma fiscales propios: qué hay detrás de la avanzada contra el abigeato

El Gobierno de San Luis y el Ministerio Público Fiscal avanzaron en una articulación que apunta a uno de los delitos que más golpea al sector productivo: los hechos delictivos que se cometen en la ruralidad. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el procurador general, Eduardo Cadelago Filippi, encabezaron dos encuentros de trabajo junto a la cúpula policial para aceitar los mecanismos de respuesta.

La premisa es concreta: tender canales de comunicación directa entre los fiscales y el personal policial, ordenar los procedimientos y acortar los tiempos de reacción cada vez que se registra un hecho en el campo.

Dos reuniones, dos territorios

El primer encuentro tuvo lugar en el edificio del ministerio de Seguridad, en la Casa de Gobierno. Además de Sosa y Cadelago Filippi, dijeron presente el fiscal de la Fiscalía N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Villa Mercedes, Maximiliano Bazla; la fiscal de Instrucción Penal N°6 de la Primera Circunscripción, con sede en San Luis, Linda Maluf; y el subjefe de la Policía, Javier Miranda.

También participó Ignacio Nieto Guil, responsable de la coordinación entre los Poderes e Instituciones que abordan la problemática, junto a referentes de la Brigada Rural y de la Unidad Regional de Orden Público N°1.

La segunda cita se trasladó a Cortaderas. Allí se repitieron las cabezas del ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal, con el subjefe Miranda, el fiscal de Instrucción Penal N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial, César Salazar Molina, y autoridades de la Brigada Rural, de la Unidad Regional de Orden Público N°3 y de la cartera de Seguridad.

Fiscales rurales: el eje de la nueva estructura

Las reuniones se apoyan en las designaciones de fiscales rurales que dispuso el Procurador General. Con ese marco, los funcionarios judiciales tendrán intervención en sus respectivas circunscripciones en los delitos rurales y conexos, lo que fortalece el vínculo operativo con la Policía, la Guardia Rural y la Policía Ambiental.

Del intercambio surgieron acuerdos sobre coordinación de acciones, circulación de información y definición de modalidades de actuación conjunta entre las partes.

Abigeato, carne sin control y redes sociales

Uno de los focos del debate fue el abigeato y los circuitos de comercialización ilegal de carne. Las autoridades pusieron el acento en que la investigación no debe agotarse en el robo de animales: también apuntan a las posibles conexiones con establecimientos y carnicerías que venden productos sin los controles bromatológicos correspondientes, con el riesgo que eso implica para la salud de la población.

En la misma línea, se analizó el uso de las redes sociales como canales de promoción y venta ilegal de carne.

Asociación ilícita y delitos conexos

Las reuniones también abordaron la necesidad de profundizar el análisis de figuras como la asociación ilícita, entendida como la posible participación coordinada de distintas personas en una cadena delictiva que puede arrancar en la sustracción de ganado, seguir en su faena clandestina y terminar en la comercialización.

A eso se suman otros delitos conexos que suelen acompañar estos hechos: daños a silobolsas, violación de domicilio y tenencia ilegal de armas de fuego. El objetivo declarado es identificar a todos los actores involucrados y avanzar sobre las distintas modalidades que afectan a los productores rurales.

Secuestros y denuncias más rápidas

Otro punto central fue la importancia de avanzar en el secuestro de los elementos utilizados para cometer estos delitos: armas de fuego, armas blancas, vehículos y herramientas destinadas a la faena clandestina. La meta es desarticular las organizaciones y los circuitos que intervienen en estas actividades ilícitas para que no sigan operando.

Además, se planteó fortalecer los procedimientos administrativos y de investigación. En ese marco, se buscará que las denuncias por delitos rurales sean abordadas directamente por la Brigada Rural, lo que agilizaría las actuaciones policiales y facilitaría la intervención coordinada con los fiscales correspondientes.

Desde el Gobierno provincial enmarcan esta modalidad de trabajo como un avance en la articulación entre Seguridad y Justicia, que se suma a otras acciones para fortalecer la seguridad en la ruralidad: capacitación del personal, incorporación de movilidad y tecnología, y trabajo conjunto con las asociaciones rurales. La coordinación entre instituciones apunta a unificar criterios de actuación y generar respuestas concretas frente al delito rural.