El caso de la alumna del Pía Didoménico que terminó con tres denuncias y una medida que nadie esperaba en el colegio

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca dispuso una auditoría en el Nivel Secundario del Colegio Privado Pía Didoménico, en el marco del escándalo por la viralización de imágenes íntimas de una adolescente y las situaciones de bullying que derivaron en tres causas judiciales.

La medida fue ordenada por la ministra Verónica Soria y empezó a regir este mismo lunes, con un plazo inicial de 30 días corridos. Se trata de la Actuación Ministerial Extraordinaria de Acompañamiento y Supervisión Institucional, que se suma al sumario administrativo que la cartera ya había abierto para evaluar eventuales sanciones al establecimiento y deslindar responsabilidades organizativas en el resguardo de la comunidad escolar.

Tres denuncias y dos fiscalías en danza

La intervención estatal llega después de una escalada de episodios que se hicieron públicos y que hoy se investigan por dos vías paralelas, una judicial y otra administrativa.

Por un lado, la Fiscalía Penal Juvenil imputó a tres adolescentes acusados de acceder sin consentimiento al celular de una compañera y viralizar imágenes íntimas. Por otro, la Fiscalía Penal de Séptima Nominación, con competencia en Ciberdelitos, investiga la denuncia por agresiones e intimidación contra una alumna que ya cumplió 18 años. A ese cuadro se sumó una tercera denuncia, por daños en la vivienda de la joven.

Ante las manifestaciones de padres y estudiantes frente al edificio y la repercusión pública del caso, la institución emitió comunicados en los que sostuvo haber actuado con celeridad y haber aplicado los protocolos de convivencia. Sin embargo, luego reconoció que, si bien algunos episodios ocurrieron fuera del ámbito escolar, las "raíces" de los hechos se gestaron en la dinámica cotidiana de convivencia dentro del establecimiento.

Cómo funcionará la auditoría

La cartera educativa le había dado al colegio un plazo de 24 horas para presentar un informe detallado e inició el sumario administrativo. Frente al escenario detectado, Soria dispuso el despliegue de un equipo extraordinario en la sede escolar.

La resolución fija los ejes y la modalidad de trabajo. La Dirección Provincial de Mediación Escolar coordinará la intervención y conformará un equipo interdisciplinario temporal con profesionales ajenos al establecimiento, para garantizar objetividad e imparcialidad.

El texto aclara expresamente que la medida no implica el desplazamiento de las autoridades directivas ni la sustitución de la entidad propietaria, que mantienen plenamente sus responsabilidades legales.

Entre las funciones del equipo figuran relevar las condiciones de convivencia escolar y evaluar las medidas organizativas, pedagógicas y de cuidado aplicadas por la institución; requerir documentación, actas, acuerdos de convivencia e informes; identificar posibles inconsistencias o faltantes; y habilitar espacios de escucha individual para estudiantes, familias y docentes.

Para evitar condicionamientos o revictimización, esos espacios se harán sin la presencia de autoridades escolares e incluso fuera del establecimiento si fuera necesario. También se supervisará la protección de los alumnos en los espacios comunes y en los momentos de interacción dentro del colegio, y se mantendrá un canal directo de comunicación y denuncia.

Qué deberá aportar el colegio

La representación legal y directiva del Pía Didoménico deberá permitir el libre acceso al establecimiento y a la documentación, proveer espacios adecuados para las entrevistas y designar un referente de contacto. La intervención tendrá un plazo inicial de 30 días corridos con seguimiento minucioso.

Toda la información personal y los antecedentes reunidos tendrán carácter estrictamente reservado y confidencial, para resguardar la identidad, la dignidad y la intimidad de los estudiantes involucrados.

El protocolo que enmarca la medida

La actuación se sustenta en la Resolución Ministerial Nº 233/2022, que aprobó el Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas, aplicable tanto a establecimientos de gestión estatal como privada. Ese instrumento establece lineamientos de intervención, acompañamiento interdisciplinario, protección de derechos y articulación con los organismos competentes.

Para la cartera educativa, el hecho de violencia virtual de público conocimiento constituye una situación compleja de convivencia escolar que exige una actuación institucional, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la educación.