El caso del bebé de Rancul no se cierra: la Comisión apunta a tres ministerios y ya tiene plazo
La Comisión Investigadora analizó la respuesta del Ejecutivo y no quedó conforme: ahora avanza con pedidos concretos a tres ministerios y les puso fecha límite. ¿Qué buscan encontrar?
La Comisión Investigadora que sigue de cerca las presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa analizó la respuesta que envió el Poder Ejecutivo y decidió redoblar la apuesta: la investigación continúa y ahora avanza con pedidos concretos de información y documentación a los organismos provinciales involucrados.
La contestación al gobernador Sergio Ziliotto no convenció del todo al cuerpo legislativo. Según la Comisión, varios de los planteos del Ejecutivo reiteran límites que el propio organismo ya había fijado, por lo que se ratificó que la pesquisa no tiene como objeto analizar, revisar ni emitir juicio sobre el mérito de las decisiones del Poder Judicial, ni tampoco acceder a expedientes o información con reserva.
Qué abarca la investigación
El foco está puesto exclusivamente en la actuación administrativa, funcional e institucional de los organismos provinciales: procedimientos, actos administrativos, intervenciones de equipos técnicos, protocolos y comunicaciones. En ese marco, la Comisión subrayó que el control legislativo sobre el Ejecutivo no es una intromisión indebida, sino una atribución propia del sistema republicano y del Estado de Derecho.
Pedidos separados y plazo de cinco días
Atendiendo a las observaciones sobre la individualización de los datos solicitados, la Comisión resolvió enviar requerimientos por separado a tres carteras: Ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud. Cada uno tendrá un plazo de cinco días hábiles para responder, que podría extenderse si el volumen documental lo justifica.
Además, se informó que la Comisión contará con la presencia de las abogadas del caso objeto de investigación. Los trabajos continuarán dentro de las facultades conferidas y con el debido resguardo de los derechos e identidad de los niños y adolescentes involucrados.