El caso del bebé de Rancul sumó un respaldo inesperado para los empleados que no fueron a declarar

La pulseada por el caso del bebé de Rancul sumó un nuevo capítulo: los gremios estatales ATE y UPCN respaldaron a las profesionales de la Dirección de Niñez que fueron citadas por la comisión investigadora de la Legislatura y decidieron no concurrir. La presentación conjunta de ambos sindicatos apuntó a preservar los derechos laborales de las trabajadoras, su integridad psicofísica y la identidad del niño involucrado.

Las empleadas convocadas pertenecen al equipo técnico de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia y están alcanzadas por la Ley 643, que regula el empleo público provincial. La comisión busca determinar si hubo irregularidades administrativas en el retiro del bebé de una familia de contención de Rancul.

El descargo de ATE

En un comunicado, ATE sostuvo que las trabajadoras son personal de carrera con funciones técnico-profesionales y bajo dependencia jerárquica. “Las responsabilidades por las decisiones institucionales y de gestión corresponden a quienes las adoptan y ejercen funciones de conducción, no a quienes cumplen tareas técnicas”, señalaron.

El sindicato calificó como “inadmisible” que las profesionales sean sometidas a un escrutinio político y mediático por informes elaborados en el marco de sus competencias. Advirtió que esa situación configura una forma de presión institucional y un riesgo psicosocial que el Estado debe prevenir, en línea con el Convenio 190 de la OIT ratificado por la Ley 27.580.

También alertaron que la exposición pública del equipo interviniente podría permitir, de manera indirecta, la identificación del niño. Por eso reclamaron el cumplimiento estricto de la normativa de protección de la niñez.

Los pedidos a la comisión

ATE formuló cuatro solicitudes concretas a la comisión investigadora:

• Dejar sin efecto la convocatoria a las trabajadoras del equipo técnico y abstenerse de nuevas citaciones al personal comprendido en la Ley 643 por decisiones de gestión.
• Canalizar los pedidos de información a través de los funcionarios responsables del área.
• Notificar previamente a los gremios ante cualquier futura convocatoria y garantizar que las trabajadoras puedan concurrir con representación gremial y patrocinio letrado.
• Evitar la difusión de nombres o datos que permitan identificar a las profesionales y, por su intermedio, al niño.

“No vamos a permitir que nuestras compañeras sean expuestas ni utilizadas como variable de ajuste de una disputa política que les es ajena”, concluyó ATE.

La pulseada con el Gobierno

El martes, funcionarios de las áreas de Niñez, Adolescencia y Familia concurrieron a la Legislatura para ampliar información, pero finalmente no expusieron. La comisión pidió que también declarara el equipo técnico y que los funcionarios fueran entrevistados por separado. Ambos pedidos fueron rechazados tras tres horas de espera en los pasillos.

Desde la comisión denunciaron que el Gobierno está “entorpeciendo” la investigación y advirtieron sobre la “gravedad institucional” de la situación. Los funcionarios rechazaron las acusaciones y cuestionaron que la comisión se atribuyera funciones propias de los jueces.

El cuerpo está integrado por Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara. Su objetivo es determinar si existieron irregularidades administrativas o institucionales en la intervención de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde establecer responsabilidades.

La Justicia descartó delitos

La fiscal adjunta Anabella Libertad Kletzel entrevistó a policías y empleados y concluyó que no hubo delitos, malos tratos ni otras irregularidades por parte del equipo técnico y de los funcionarios de Niñez en el procedimiento de retiro del bebé.

“No se advierten elementos probatorios que permitan inferir un actuar contrario a la ley o un desvío de poder”, expresó la fiscal. Y agregó que no se constataron expresiones agraviantes o intimidatorias, ni malos tratos u hostigamiento hacia los denunciantes durante las diligencias.

La resolución representa un espaldarazo para los funcionarios de Niñez, que paralelamente están en la mira de la comisión investigadora. Kletzel no detectó irregularidades ni actos agraviantes como había denunciado la familia de contención.

La fiscal aclaró que su intervención se limitaba a determinar si las acciones denunciadas podían configurar un delito penal y que no le correspondía revisar la legitimidad o el mérito de las resoluciones judiciales o de las medidas de protección dictadas por la autoridad civil o de Niñez.

Según el dictamen, el procedimiento se fundamentó en una orden de la jueza de la Familia, Niños, Niñas y Adolescentes, Ana Clara Pérez Ballester, que disponía la restitución del niño. Tanto los funcionarios de Niñez como el personal policial y el equipo de negociación actuaron dentro de sus competencias y en cumplimiento de esa orden.

Kletzel reconoció que este tipo de procedimientos puede generar momentos de alta tensión emocional, pero concluyó que se privilegió la contención, la negociación y el diálogo, además del resguardo de la integridad física del niño y de las personas involucradas. También descartó que se hubiera acreditado un uso ilegítimo de la fuerza.

Como parte de la investigación preliminar, la fiscal entrevistó a dos jefes policiales. Ambos describieron las negociaciones en el puesto caminero de Eduardo Castex y el posterior traslado de Ana Pizzani y el niño a Santa Rosa. Según sus testimonios, el equipo procuró resolver la situación mediante el diálogo y atender las necesidades de la mujer y del bebé. Consultados sobre posibles expresiones agraviantes o intimidatorias, ambos manifestaron que no las habían escuchado.

El caso

Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani denunciaron “muchas irregularidades” por parte de funcionarios del Gobierno y de la Justicia. El bebé llegó a la familia el 20 de marzo de 2026, cuando tenía dos meses, en el marco del programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, la pareja firmó un acta en la que aceptó las condiciones del programa, entre ellas, que no podían convertirse en adoptantes del niño.

El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y solicitó al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) el listado de familias en condiciones de adoptarlo. La pareja reclamó que el niño permaneciera con ellos y pidió la guarda con fines de adopción. Ambos planteos fueron rechazados en distintas instancias judiciales.

El 7 de septiembre, la familia debía entregar al bebé. Fue hasta la Dirección de Niñez y manifestó que no lo haría. Luego, sus integrantes fueron demorados por la Policía en Eduardo Castex cuando intentaban dirigirse hacia Rancul. Finalmente, regresaron a Santa Rosa y el niño fue entregado, después de las 18.30, a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.

Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la decisión judicial y que se procuró generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.