El caso del policía Lamadrid no tendrá jurado popular: quién lo decidió y por qué
Policiales · Río Negro

El caso del policía Lamadrid no tendrá jurado popular: quién lo decidió y por qué

El jurado popular para el policía acusado de homicidio agravado quedó descartado, pero la decisión no salió de la fiscalía: el juez Burgos eligió otro camino y ahora la defensa y la querella van por todo.

El oficial de policía Néstor Lamadrid, acusado de homicidio agravado, será juzgado por un tribunal colegiado de tres jueces y no por un jurado popular. Así lo resolvió el juez Marcos Burgos, quien además convalidó que la acusación siga adelante impulsada exclusivamente por los abogados querellantes, sin la participación del Ministerio Público Fiscal.

La decisión del magistrado, dada a conocer en las últimas horas, era uno de los puntos más esperados del proceso. El propio Burgos había pedido un plazo para evaluar y decidir, ya que no existen antecedentes de un juicio por jurados que se lleve adelante sin fiscales y solo con la querella como parte acusadora.

El pedido de la querella y el argumento del juez

Los abogados querellantes Martín Palumbo y Milton Díaz habían planteado en el control de acusación que el delito investigado era de carácter gravísimo y que la pretensión punitiva era la de una condena a prisión perpetua. Según el código procesal vigente, en esos casos corresponde convocar a un jurado popular.

Sin embargo, Burgos señaló en su sentencia del último viernes que esa regla sobre la composición del tribunal rige “según la pena pretendida por el fiscal”, con independencia de lo que sostenga la querella particular. El juez agregó que “la gravedad abstracta del delito y la conformidad de las partes no sustituyen ese presupuesto”.

Para Burgos, la conversión de la acción pública en privada habilita a la querella a mantener la titularidad de la acusación, “pero no la transforma en el Ministerio Público Fiscal ni le transfiere automáticamente sus atribuciones”. De ese modo, la prisión perpetua requerida exclusivamente por la acusación particular “no satisface el presupuesto específico” para llevar al acusado frente a un tribunal popular.

“Ante la falta de una previsión expresa para esta situación, la interpretación sistemática conduce a la intervención de tres jueces profesionales”, concluyó el magistrado, quien sostuvo que de esa manera se resguarda la garantía de juez natural.

El hecho que se investiga

Lamadrid llega a juicio acusado del crimen ocurrido el 11 de agosto de 2024 en un predio ubicado sobre el callejón Inalef, en Mallín Ahogado. Ese día se presentó con una orden judicial para detener a Emanuel Mol Villa. Ante el requerimiento, el joven emprendió la huida y el policía salió en su persecución.

Según la descripción del hecho contenida en el expediente, Juan Carlos Villa, padre de Emanuel, portaba un cuchillo e intentó impedir la detención. Acto seguido, el policía le disparó a corta distancia con su arma reglamentaria y le causó la muerte. Emanuel Mol estaba en el piso y se incorporó “para enfrentarlo”, tras lo cual también fue baleado y sufrió heridas graves que pusieron en riesgo su vida.

La acusación que ahora sostiene en soledad la querella le atribuye a Lamadrid el delito de homicidio y lesiones graves, en concurso real, doblemente calificados por haber sido cometidos con arma de fuego y en abuso de sus funciones como miembro de las fuerzas policiales.

La defensa y el pedido de sobreseimiento

El abogado defensor, Damián Torres, sostiene que Lamadrid actuó regido por el deber y en legítima defensa. Subrayó que la fiscalía llegó a la misma conclusión y por eso se retiró del caso. No obstante, Burgos rechazó el pedido de sobreseimiento.

En su resolución, el juez consideró que la posición “desincriminatoria” del Ministerio Público Fiscal no era suficiente para dictar el sobreseimiento. Sostuvo que la expresión “portando un cuchillo” —que describe el rol asumido por la víctima mortal— “no permite establecer” que haya representado una amenaza para el policía y tampoco que haya existido “agresión inminente” que justificara la reacción a tiros.

La querella, en la formulación de cargos, sostuvo un criterio similar: se opuso a validar la legítima defensa y afirmó que “la forma en que Villa portaba el cuchillo, el sentido de su acercamiento y su conducta, debían establecerse en el juicio”.

Cabe recordar que hace varios meses la fiscalía había impulsado el sobreseimiento y hubo una resolución afirmativa del juez de garantías Marcelo Álvarez Melinger, que luego fue anulada en revisión a instancias de la querella.

Una discusión que sigue abierta

La defensa ya presentó un recurso de impugnación contra lo resuelto por Burgos, cuya viabilidad fue aceptada por el juez, y ahora deberá resolver otro tribunal. Torres espera que su planteo sea resuelto por el Tribunal de Impugnación o por un juez revisor, lo cual torna improbable que el caso llegue a juicio en lo inmediato.

Uno de los querellantes, Martín Palumbo, también confirmó que va a recurrir el fallo de Burgos e insistirá en la realización de un juicio por jurados.

En su escrito, Torres cuestionó la decisión de rechazar el sobreseimiento de Lamadrid por el “abandono” de la querella, dada la inactividad de esa parte, que se prolongó por más de 30 días, y también por el desconocimiento de la “plataforma fáctica”, según la cual el policía actuó en cumplimiento de su deber y en ejercicio de la legítima defensa.

También impugnó lo resuelto en relación con el tribunal de juicio, porque a su entender hay una violación de la garantía de juez natural, ya que según el código, ante la pretensión fiscal de una pena superior a los 12 años de prisión se debe constituir un jurado popular.

Consultado por este medio, Torres dijo que Burgos “se toma de la literalidad” para señalar que si lo pide la querella y no el fiscal la obligación no rige, pero “el foco no es quién lo pide, sino cuántos años pide”. Admitió de todos modos que el juicio por jurados en estos casos es una rareza absoluta, porque “no está contemplado para una querella autónoma”.

La rareza se complementa con la admisión de la fiscal jefe Betiana Cendón como testigo en el eventual juicio, según lo pidió la defensa durante el control de acusación. En esa audiencia las partes acordaron con el juez Burgos el listado de testigos, que tiene 23 nombres e incluye a Cendón en el lugar 17.

Torres objetó lo decidido por Burgos y su expectativa es que un tribunal superior le dé la razón. Dijo que “es muy evidente” que no se puede interpretar el Código como lo hizo el juez. A su entender, “esto que hizo es contradictorio, es un híbrido muy dudoso”.

Siguiente nota Policiales · Río Negro

Trepó el paredón de una obra en plena madrugada: lo que había adentro lo delató

Seguí leyendo

Elegí tu provincia

Para ver tu edición local