El caso Lebbos se hunde en el olvido: 42 expedientes que nunca verán la luz de la justicia

Una sombra de impunidad se extiende sobre el asesinato de Paulina Lebbos. Alberto Lebbos, el padre de la víctima, denunció un “escándalo judicial” tras conocerse que decenas de causas vinculadas al caso fueron cerradas sin investigarse a fondo. A más de dos décadas del crimen, la pesquisa vuelve a estar bajo la lupa por un manejo que habría consolidado un “círculo de impunidad”.

La situación estalló al trascender que dos de los nombres investigados ya no tienen causas abiertas, y que con otros 39 sospechosos podría haber ocurrido lo mismo. En varios casos, ni siquiera se habrían formulado imputaciones formales, mientras que en otros el paso del tiempo habría provocado la prescripción de las acciones penales.

¿Qué ordenó el tribunal en 2019?

El origen de estas actuaciones se remonta al fallo dictado el 25 de febrero de 2019 por el tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto. En aquella sentencia se condenó por encubrimiento a figuras como el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella y el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, entre otros.

Paralelamente, los magistrados dispusieron que se investigara a 42 personas por posibles delitos de falso testimonio, encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Los nombres que generaron impacto

Entre los investigados aparecían figuras de alto perfil político e institucional. La lista incluía al ex gobernador José Jorge Alperovich, al ex ministro de Seguridad Mario López Herrera, los ex jefes policiales José Díaz y Francisco Picón, la perito Lilia Moyano y el ex subsecretario de Seguridad José Ardiles.

También estaban señalados los mencionados en la denominada “línea narco” y otros potenciales involucrados. Los posibles autores materiales del crimen, César Soto y Sergio Kaleñuk, quedaron sujetos a otra investigación específica.

Quedaron excluidos quienes habían fallecido, como Daniel Paz —ex chofer de Alperovich—, Rubén Urueña y Alfredo Jiménez, ex comisario convocado para colaborar con la pesquisa. Sin embargo, al manejarse las actuaciones bajo estricta reserva, nunca se pudo establecer con precisión si otros expedientes fueron cerrados por el mismo motivo.

El tortuoso camino de las investigaciones

Inicialmente, los jueces encomendaron el análisis de estos casos al fiscal Diego López Ávila, quien había llevado adelante la investigación que desembocó en el juicio. Pero en febrero de 2021, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia y las causas estaban próximas a prescribir, el funcionario ya se encontraba a cargo de otra unidad.

La responsabilidad pasó entonces al entonces Fiscal Regional Mariano Fernández. Lebbos recordó que, durante ese período, el magistrado le aseguraba que continuaba trabajando, aunque él advertía que los plazos legales podían extinguir la acción penal.

Durante su gestión, Fernández solicitó llevar a juicio por falso testimonio a Ramón Fernández, Jorge Jiménez y Raúl Ferreyra, y por encubrimiento a Francisco Picón, Ricardo Maruf y Virginia Mercado. Paralelamente, dispuso el archivo de otras actuaciones por entender que no existían delitos o que ya habían prescripto.

Un final sin respuestas

Su reemplazante fue Fernando Blanno, sobre cuya actuación no trascendieron detalles concretos respecto a imputaciones, archivos o pedidos de elevación a juicio. Fuentes judiciales indicaron que tampoco habría impulsado acusaciones contra los investigados.

Incluso se mencionó que, durante una subrogancia breve, el fiscal Carlos Picón podría haber firmado algunos archivos, aunque no se informó públicamente a quiénes alcanzaron esas resoluciones. Más adelante, los fiscales de cámara Daniel Marranzino y Estela Giffoniello avalaron los juicios abreviados que se realizaron en el marco de estas actuaciones.

El ministro Fiscal Edmundo Jiménez sostuvo que el Ministerio Público no tiene actualmente causas pendientes derivadas del juicio principal, lo que implicaría que no restan expedientes por resolver ni imputados a ser llevados a proceso. En términos prácticos, solo se habría avanzado con seis de los 39 señalados originalmente.

La indignación de la familia

Frente a este panorama, Alberto Lebbos manifestó su preocupación y consideró que se habría consolidado un “círculo de impunidad” que impide conocer la verdad sobre lo ocurrido con su hija. Además, reclamó que algún legislador solicite informes formales sobre el destino de esas investigaciones.

El padre de Paulina también puso el foco en el rol de Juan Cruzado, el remisero que habría acordado con la Policía declarar falsamente que trasladó a la joven y a otra mujer, y reiteró que todo el entramado investigativo permanece rodeado de interrogantes.

Desde el punto de vista legal, se indicó que solo los funcionarios judiciales podrían disponer el desarchivo de las actuaciones, aunque ello resulta improbable y, en muchos casos, las acciones habrían quedado extinguidas por prescripción debido al tiempo transcurrido.