El caso que no se cierra: la suspensión de Silva y la interna que divide a la Liga

El presidente de la Asociación de Veteranos de Fútbol de Santo Tomé, José Ríos, intentó dar por terminado el conflicto por la suspensión de Maximiliano Silva, titular de la Liga Santotomeña, pero la decisión no hizo más que avivar las críticas internas. La confirmación de una maniobra fraudulenta por parte de Silva desató un escándalo que parece lejos de resolverse.

Según consta en los registros, Silva adulteró su Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder jugar en el Club América en la categoría Sub-35 durante 2025, cuando en realidad tenía 34 años. Por este hecho, el Tribunal de Penas le aplicó una suspensión de tres años, una medida que Ríos calificó como «inamovible» y un «caso terminado».

¿Qué dijo Ríos en Agenda Abierta?

En el programa radial Agenda Abierta, Ríos aseguró que el fallo se respetará «a rajatabla» y sin cambios, pero sus palabras no calmaron los ánimos. Por el contrario, encendieron una fuerte interna dentro de la Asociación, donde varios sectores denuncian una «doble vara» en el manejo de las sanciones.

El caso Barattini que complica a Ríos

El malestar se basa en antecedentes recientes que contradicen la supuesta rigidez del Tribunal. Se citó el caso del jugador Victorio Barattini (Avanti Hermandad), a quien el Consejo Directivo decidió sumarle cinco fechas adicionales de suspensión tras haber aceptado inicialmente el fallo de cuatro jornadas dictado por el tribunal. Esta disparidad de criterios llevó a una mayoría de presidentes de clubes a cuestionar la benevolencia del castigo hacia Silva.

¿Crece la presión para expulsarlo de por vida?

Fuentes cercanas a la dirigencia aseguran que la presión va en aumento. Al menos nueve presidentes de clubes estarían dispuestos a ampararse en el reglamento para exigir una revisión formal del fallo, lo que desmiente la versión oficial de Ríos sobre la imposibilidad de aplicar otra sanción. La exigencia es clara: la expulsión de por vida de Maximiliano Silva, argumentando que la gravedad de la falta (la adulteración de un documento público por parte de una autoridad deportiva) amerita la pena máxima y no solo una suspensión temporal.