El caso que podría cambiar la justicia mendocina: la ley que busca que el reloj judicial no juegue a favor de la impunidad

Un proyecto presentado en la Legislatura de Mendoza promete ponerle un freno a la prescripción de causas penales. La iniciativa, impulsada por el diputado Lucas Ilardo, nace del doloroso caso de Alan Villouta y busca que las demoras del sistema judicial no terminen beneficiando a los imputados.

La denominada "Ley Alan Villouta" fue ingresada formalmente en la Cámara de Diputados con un objetivo claro: que la desorganización estatal, la burocracia o la falta de seguimiento dejen de ser un escudo para la impunidad. La propuesta apunta a que ningún expediente se extinga por el simple paso del tiempo sin que nadie encienda las alarmas.

¿Qué propone concretamente la ley?

El corazón de la iniciativa es la creación de un Sistema de Alerta de Prescripción, una herramienta informática que calculará de forma permanente los plazos de vigencia de las acciones penales. Cuando falten doce, seis, tres meses o treinta días para el vencimiento, se emitirán notificaciones automáticas y simultáneas a jueces, fiscales, querellas y defensas.

Para ello, se incorporarán los artículos 159 bis, ter y quater al Código Procesal Penal de la provincia. La idea es que ningún expediente caiga en el olvido, como habría ocurrido en el caso que da nombre a la ley.

Un sistema escalonado para evitar la prescripción

El articulado establece un mecanismo progresivo de alertas: a los seis meses del límite, la causa pasará a tener carácter preferente; a los tres meses, urgente; y a los treinta días, se emitirá un aviso crítico a las máximas autoridades judiciales. Además, para los procesos con condena no firme, se fija un tratamiento de máxima urgencia durante los últimos doce meses de vigencia procesal.

Pero la ley no se queda solo en el papel. Impone a los fiscales un plazo perentorio de cinco días hábiles para revisar la causa y presentar los pedidos de pronto despacho o denuncias por retardada justicia que correspondan, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias contempladas en la Ley 8008.

Más transparencia y control

La iniciativa también garantiza el derecho de las víctimas a ser informadas de inmediato ante cualquier riesgo de extinción de la acción penal. Y para que la desidia judicial no quede en la opacidad, se exige un registro inalterable de demoras y la obligación de que la Suprema Corte y el Ministerio Público Fiscal envíen anualmente un informe estadístico a la Legislatura con el detalle de las causas extinguidas.

Según explicaron desde el entorno del diputado Ilardo, el proyecto establece un plazo perentorio de 90 días para la implementación informática obligatoria en todo el territorio provincial. "La demora judicial no puede transformarse en una forma indirecta de impunidad; ni una víctima ni su familia deberían descubrir, como ocurrió en el caso de Alan, que el reloj seguía corriendo sin que el sistema encendiera una alarma", remarcó Ilardo.

La "Ley Alan Villouta" ya está en la Cámara de Diputados y promete ser un antes y un después en la lucha contra la impunidad en Mendoza.