El caso que sacudió a la UNCuyo llega a una instancia clave: ¿qué pasará con el exdocente imputado?

La causa por las denuncias de abuso sexual que conmocionaron a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) tendrá un nuevo capítulo. El próximo martes 27 de octubre, a las 11, se realizará la audiencia preliminar en el Polo Judicial Penal, casi ocho años después de que el caso tomara estado público.

El expediente se originó a partir de las denuncias de seis estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes en diciembre de 2018 señalaron situaciones de violencia de género y abuso sexual que involucraban al entonces docente Mauro Aguirre. Aguirre fue imputado por siete delitos de abuso sexual simple y con acceso carnal agravados.

La causa también alcanzó a otras tres personas: Leandro Fontán, Lucía Fernández y Mario Codoni, señaladas como presuntos partícipes primarios de los hechos denunciados. Aguirre fue detenido el 10 de mayo de 2019.

Ocho años de espera y un proceso que marcó a la comunidad universitaria

Las denuncias se hicieron públicas en diciembre de 2018, durante una asamblea de la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes en el Aula Magna de la Facultad. A los pocos días, el 19 de diciembre, el Consejo Directivo activó el protocolo institucional para abordar situaciones de violencia de género. En marzo de 2019 comenzó formalmente el proceso penal.

En paralelo, la universidad llevó adelante un sumario administrativo que se extendió por aproximadamente dos años. En abril de 2021, el Consejo Directivo resolvió exonerar a Aguirre, la máxima sanción contemplada en ese procedimiento.

Para las denunciantes, el recorrido judicial implicó un desgaste emocional sostenido: declaraciones, reconstrucciones de hechos y años de espera. Las consecuencias también se trasladaron a sus trayectorias académicas. Algunas no pudieron continuar sus carreras en las mismas condiciones; otras debieron modificar sus modalidades de cursado y rendir materias libres para evitar compartir espacios con personas del entorno del denunciado.

Una audiencia que reabre el debate sobre los tiempos judiciales

La audiencia preliminar del 27 de octubre representa una nueva instancia en un expediente que ya lleva casi ocho años. Su realización vuelve a poner el foco en la duración de los procesos y en las consecuencias que estas demoras tienen para quienes denuncian.

El caso constituye un antecedente significativo para la comunidad universitaria mendocina y plantea la importancia de prevenir la violencia de género, garantizar mecanismos institucionales efectivos y brindar acompañamiento a quienes deciden denunciar.

Las denunciantes destacan el valor de la organización colectiva y del apoyo recibido durante estos años. También sostienen la importancia de mantener vigente lo ocurrido y de evitar que sus experiencias queden en el olvido.