El cerco se cierra sobre cinco ex policías: la medida que los deja sin escapatoria
Un niño de 10 años corrió hasta el gimnasio para pedir ayuda. Horas después, un hombre de 35 años estaba muerto y la versión policial empezaba a desmoronarse. Ahora la Justicia apuntó contra cinco ex agentes: no pueden salir del país y sus celulares ya están en manos de los peritos.
La causa por la muerte de Gilmar Claros Ferrel sumó un capítulo de alta tensión institucional. La Justicia de Río Gallegos endureció las reglas del juego para los ex uniformados más comprometidos y puso el foco en sus teléfonos celulares.
El juez Gerardo Giménez, al frente del Juzgado de Instrucción Penal N° 3, dispuso que cinco exagentes de la Policía de Santa Cruz no puedan abandonar el territorio argentino. La decisión alcanza a Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada, Carlos Alberto Coronel, Cris Melisa Alves y Gustavo Fabián Morada.
Según confirmaron fuentes con acceso al expediente, todos ellos ya habían sido sumariados y se les había retirado el arma reglamentaria. La advertencia judicial es explícita: si intentan cruzar la frontera, se ordenará su detención inmediata y su traslado a un establecimiento carcelario.
Allanamientos y celulares bajo la lupa
En paralelo, la Gendarmería Nacional ejecutó tres allanamientos en las viviendas de los efectivos apartados de la fuerza tras el hecho. En los operativos, las brigadas federales secuestraron los teléfonos celulares de los sospechosos. Ninguno de los involucrados quedó detenido durante los procedimientos.
El material será sometido a peritajes informáticos de alta precisión. Los especialistas intentarán reconstruir llamadas entrantes y salientes, cadenas de chats y posibles maniobras de borrado de archivos ejecutadas durante y después de lo ocurrido en la seccional.
Qué pasó la noche del 16 de octubre
El caso se originó en el barrio San Benito. Un niño de 10 años llegó hasta el Gimnasio Municipal Indio Nicolai para alertar que en una vivienda de la manzana 71 se estaba produciendo un presunto episodio de violencia familiar entre su madre y su padrastro.
Cuando arribó el primer patrullero de la Comisaría Séptima, los uniformados informaron sobre un hombre alterado y una mujer de 36 años con lesiones visibles. Pidieron refuerzos del Comando de Patrullas ante la supuesta resistencia del sospechoso a abandonar el inmueble.
Ese relato inicial se derrumbó con la reconstrucción posterior, que expuso una maniobra de sujeción cervical desmedida y violenta sobre la víctima durante el procedimiento de reducción.
El informe forense que cambió todo
El Cuerpo Médico Forense determinó que Claros Ferrel, ciudadano boliviano de 35 años, murió por una “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento”. Las conclusiones desarticularon cualquier intento de atribuir el deceso a un colapso cardíaco o a afecciones previas.
Con la confirmación del homicidio, la pesquisa amplió su alcance. Ya no se analiza solo la irrupción en la vivienda —donde la expareja de la víctima denunció que los policías ingresaron sin orden judicial y le propinaron una paliza estando ya esposado—, sino también a toda la cadena de mandos y al personal de guardia de la Comisaría Séptima al momento del ingreso de la víctima y la posterior constatación de su muerte.
Cuántos sospechosos hay
La nómina de uniformados bajo la lupa asciende a 18 integrantes de la Policía de Santa Cruz. Sobre ellos se investigan conductas que van desde la coautoría en el delito de homicidio hasta el encubrimiento agravado por alteración de la escena o falsificación de anotaciones en los libros de guardia.
Hasta ahora, el juez Giménez no efectivizó imputaciones formales ni dispuso órdenes de arresto. Se espera que en los próximos días los 18 policías involucrados sean citados a la sede judicial para prestar declaración testimonial.
