El Chaltén declararía la crisis ambiental: el dato que complica a la gestión municipal
La concejal de El Chaltén, Elizabeth Romanelli, presentó un proyecto para declarar la crisis ambiental, pero lo que reveló en la entrevista sobre el enterramiento de residuos tóxicos y la planta cloacal desbordada pone en jaque a la gestión municipal.
La concejal de El Chaltén Elizabeth Romanelli presentó un proyecto de resolución para declarar la crisis ambiental en la localidad. Lo hizo en diálogo con el programa La Bisagra, que se emite por Tiempo FM 97.5, y explicó que la medida responde a una acumulación de problemas sin resolver que ponen en riesgo el ecosistema de la villa turística y la zona de amortiguación del Parque Nacional Los Glaciares.
El enterramiento de residuos que derivó en causa federal
Uno de los puntos más delicados es el Centro de Acopio de Residuos Inorgánicos (CARRY), que integra el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Según detalló la edil, en ese predio —ubicado a poca distancia del río Fitz Roy y del límite con el parque nacional— se habrían enterrado residuos inorgánicos, aceites y fluidos tóxicos.
El caso llegó a la justicia federal, que ordenó peritajes, delimitó una zona de "no innovar" y dispuso operativos recientes a cargo de la Prefectura Naval Argentina para tomar muestras adicionales.
La planta cloacal que quedó chica: de 200 a 10.000 usuarios
Romanelli también se refirió al colapso de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. La infraestructura fue proyectada para 200 usuarios, pero hoy debe absorber el impacto de 3.000 residentes habituales y picos de hasta 10.000 personas durante la temporada alta de verano.
A pesar de que existen fallos de la justicia federal que ordenan adecuar la planta existente y construir una nueva instalación —luego de que se detectaran bacterias coliformes en el río De las Vueltas—, las obras siguen pendientes.
Sin respuestas del Ejecutivo y un avance institucional
Durante la entrevista, la concejal apuntó contra la falta de diálogo y de instancias de respuesta por parte del Ejecutivo municipal frente a los pedidos de informes legislativos.
Como contrapartida, destacó la reciente aprobación en el Concejo Deliberante de la adhesión municipal a la Ley Yolanda, que establece capacitación obligatoria en materia ambiental para los funcionarios de todos los poderes del Estado.